Trampas al catalán en la UE y en las Cortes

Invita a la reflexión la permanente incapacidad del Estado para normalizar plenamente la lengua catalana. Todos los gobiernos españoles han tenido que encarar objetivos y coyunturas complejas, pero en cambio siempre han rehuido, más allá de la retórica, asumir las lenguas cooficiales como patrimonio colectivo. En el contexto actual, por ejemplo, el Gobierno socialista ha tenido que encajar que la reforma del Código Penal para modificar la figura jurídica de la sedición haya sido una condición 'sine qua non' para disfrutar del voto afirmativo del republicanismo catalán a los presupuestos generales pero, por el contrario, continúa encallado en el no reconocimiento total de los derechos lingüísticos en las Cortes.

Solo hay que remontarnos a la investidura de Rodríguez Zapatero, en 2004, para recordar este déficit. Doy fe, porque estaba presente, que dos días antes de que fuera presidente, en una reunión con Alfredo Pérez Rubalcaba, Joan Puigcercós le planteó las demandas para hacer efectivo el voto favorable de ERC, entre las cuales la retirada del Plan Hidrológico Nacional y la reivindicación de la lengua catalana ante las instituciones europeas. Aceptadas las condiciones, el ministro Moratinos actuó en consecuencia y después de un año se había hecho un pequeño adelanto en el uso del catalán en algunos organismos de la UE, pero no fue más allá y se encalló en el Parlamento Europeo.

Dos factores habían impedido el éxito. Por un lado, la no demanda por parte del Gobierno español de inclusión de las lenguas cooficiales en el Tratado Europeo y, posteriormente, no insistir en la oficialidad, como sí hizo Irlanda respecto al gaélico. Por el otro, la insalvable contradicción que suponía reivindicar el catalán, el euskera y el gallego en Europa sin haber hecho previamente los deberes en los órganos constitucionales españoles. Efectivamente, el PSOE y el PP a lo largo de los años han rechazado los intentos de legislar una ley de lenguas que las equiparara al castellano y han negado el uso en las Cortes.

Efectivamente, desde la recuperación de las libertades democráticas habían sido excluidas en el Senado y en el Congreso y tanto CiU como PSC nunca habían hecho bandera de ello. En todo caso, la lengua catalana estuvo invisible hasta 2004, cuando el conjunto de diputados y senadores republicanos optaron para usarla, a pesar de que comportara ser expulsados repetidamente del atril. El objetivo consistía en 'conflictivizar' la cotidianidad parlamentaria y hacer emerger la anomalía, con el fin de obligar a las cámaras a actuar.

Por primera vez, no se podía obviar la contradicción y la insumisión lingüística obligó el presidente del Congreso, Manuel Marín, a permitir breves intervenciones en catalán, a la espera de que se modificara el reglamento de la cámara. Desgraciadamente, las tareas de la Comisión de Reglamento del Congreso, presidida por Carme Chacón, no culminaron con éxito porque, pocas horas antes de firmar los acuerdos finales entre los diversos grupos parlamentarios para ir introduciendo progresivamente las distintas lenguas, populares y socialistas se echaron atrás. Y la presidencia posterior de José Bono remachó la negativa.

Han transcurrido más de quince años, durante los cuales ha continuado vivo en los políticos españoles el imaginario (“pinganillos en el Congreso nunca, Joan”, me dijo un día Rubalcaba) que normalización del uso de la lengua catalana es igual a “concesión a los nacionalistas”, “renuncia de la españolidad” y “pérdida de orgullo nacional”, por lo cual PP y PSOE solo han estado dispuestos a concesiones mínimas y a usos irrelevantes, como avenirse, desde el año 2011, a permitir un uso testimonial de la lengua catalana en el Senado, siempre que fuera en debates no relacionados con la elaboración de leyes.

En la última reunión de la mesa de diálogo, el Gobierno español mostró interés en recuperar el apoyo a la lengua catalana ante la UE, con la palanca de un adelanto lingüístico en el Senado. Una oferta que ignoraba, aun así, las consecuencias del no reconocimiento de los derechos lingüísticos de los diputados en el Congreso. Una propuesta que, al no reconocerlos plenamente, trincha los argumentos eficaces ante Europa del plurilingüismo como sinónimo de riqueza cultural y normalización de las lenguas cooficiales atributo de modernidad y excelencia democrática.

Sería bueno, pues, que en próximos encuentros de la mesa de diálogo, la parte catalana no obviara estos precedentes y exigiera una actuación en paralelo en las dos cámaras, en beneficio del éxito en la UE y en pro de la superación de las urgencias que afectan a la lengua catalana, en cuanto a la necesidad de revalorizar el prestigio e incrementar la percepción de lengua útil y viable.

Y porque la lengua catalana no puede perder oportunidades.

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