Una senda justa para las personas trabajadores del hogar

El pasado mes de septiembre en el Congreso de los Diputados se conquistaron nuevos derechos con la aprobación del Real Decreto Ley que mejora las condiciones laborales y de Seguridad Social de las personas trabajadoras del hogar. Una ley que supone un avance en materia de derechos laborales, en este caso, de un colectivo altamente vulnerable e invisible, como lo son las empleadas del hogar.

Se trata de 373.000 personas afiliadas, de las cuales un 95% son mujeres. Una reforma, por tanto, con rostro de mujer, que afecta a una mayoría de mujeres migrantes. Unas mujeres que se sitúan en la banda baja del empleo y en la precariedad y, en muchas ocasiones, fuera de los límites del trabajo digno.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 175.000 mujeres empleadas del hogar se encuentran en una situación irregular: no solo por no estar contratadas, sino porque muchas de ellas ni tan siquiera disponen de permiso de residencia.

Por todo ello, este Gobierno ha decidido poner fin a la precariedad laboral de estas mujeres a través de esta norma. Una norma que da respuesta a la reivindicación histórica de este colectivo y acaba con la discriminación por razón de sexo. 

Estas trabajadoras se encontraban, hasta ahora, en clara desventaja respecto al resto de trabajadores que sí están protegidos por el Estatuto de los Trabajadores y el sistema de protección social. Mujeres, por tanto, abocadas a la pobreza y precariedad.

Precisamente, la especial vulnerabilidad viene derivada de su invisibilidad ante los poderes públicos. Mujeres que, hasta ahora, se encontraban bajo la amenaza del despido libre, con horarios interminables o sin descanso semanal, sin salarios dignos, desprotegidas frente al desempleo y fuera del ámbito de las normas dirigidas a preservar la salud. 

Esta situación de indignidad, inasumible en un Estado democrático y derecho, llevó al Gobierno socialista del presidente Zapatero a dar un primer paso para visibilizar esta realidad asfixiante para este colectivo. Son muestra de ello la aprobación de la Ley 27/2011 que pretendía acabar con la discriminación de estas trabajadoras equiparando progresivamente el sistema de cotización de las empleadas de hogar a la del resto de trabajadores asalariados y, también, el Real Decreto 1620/2011, que perseguía esta equiparación en el ámbito de las condiciones laborales.

Sin embargo, esta clara voluntad política acabó anulada por el gobierno del Partido Popular. Se truncaron las esperanzas de estas mujeres, quedando nuevamente al albur de la desprotección. Y, no contentos con ello, agravaron su situación forzándolas a asumir las obligaciones de afiliación y cotización, que hasta entonces había sido a cargo del empleador. Aquello derivó en un recorte encubierto en sus salarios, ya que la gran mayoría de los empleadores no se los incrementaron.

La reciente reforma aprobada del Gobierno de Pedro Sánchez cumple con los compromisos asumidos en el Acuerdo de Coalición. Y cumple con nuestros compromisos internacionales .Gracias a la misma, desde el primero de octubre, el empleador tiene la obligatoriedad de cotizar; el contrato será por escrito y recogerá las condiciones laborales relativas a la jornada, la retribución y el descanso. Asimismo, obligará a adoptar medidas desde la prevención y la seguridad laboral. Además, se les dota de una mayor protección al ser incluida la perspectiva de género en el cuadro de enfermedades profesionales.

A partir de ahora el despido deberá tener causa como el resto de los despidos y, por fin, se pone en marcha el tan reclamado derecho al desempleo. Un gran avance para este colectivo profesional al ser el único que no contaba con él.

Estabilidad, certidumbre y seguridad. Esto es lo que aporta el despliegue de derechos y protección recogidos en esta ley.

A todo ello, no se puede olvidar el fuerte incremento del salario mínimo interprofesional desde 2018 que ha supuesto una importante mejora salarial en estos empleos y, por ende, la reducción de la brecha de género. En definitiva, hemos puesto fin a un histórico trato discriminatorio de estas personas trabajadoras respecto del resto, tanto en las condiciones de trabajo como de seguridad social.

No ha sido un camino fácil para ellas. Años de reivindicación, alzando la voz, organizándose en asociaciones y revindicando estos derechos. Una lucha dura, de décadas. Por ello, es necesario, y merece un reconocimiento, Elsa Oblitas, portavoz de Las Libélulas, mujeres bolivianas. Una pequeña-gran mujer que luchó toda su vida por lo que hoy es una realidad gracias al compromiso, una vez más, de un gobierno socialista.

Este Gobierno, y a pesar de la derecha, tiene una hoja de ruta firme y transformadora de país, que garantiza la mejora de la vida de la clase trabajadora.

Por tanto, esta norma no es una más. Es una de las leyes más importantes de esta legislatura, pues avanza en la senda de una sociedad libre de discriminación y que apuesta por la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres; pero, sobre todo, dota de dignidad laboral a un colectivo precarizado que merece ser tratado como cualquier otro y que sus derechos laborales sean plenamente respetados. Por fin estamos en ese camino.