¿Qué hacemos con estos 30.000 millones de más?

Puede que sea útil poner sobre la mesa algunas de las cifras del plan de medidas fiscales anunciado por el Gobierno, antes de entrar a considerar si va demasiado lejos en las rebajas y subidas fiscales o si se queda corto en lo uno o en lo otro.

Para empezar, un dato: hasta el mes de julio los ingresos tributarios del Estado han crecido el 17,7%, lo que supone un aumento de 25.600 millones respecto al año pasado. Por su parte, hasta junio, las autonomías han aumentado su recaudación en unos 3.500 millones (10,7% más). En total, casi 30.000 millones de recaudación fiscal adicional, solo hasta mitad de año. Buena parte de esta mayor recaudación tiene que ver con la inflación; también, con la creación de empleo y el crecimiento económico.

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En un contexto de crisis energética y de aumento de los precios, Estado y autonomías están recaudando mucho más. Y el debate que surge es el de cómo usar esos recursos para aliviar el empobrecimiento que la inflación produce en la población.

El plan del Gobierno, en su conjunto, no implica una rebaja fiscal, sino un incremento de la recaudación: unos 3.144 millones en dos años. No es una gran subida de impuestos si se tiene en cuenta quese produce en dos ejercicios, pero no es una rebaja. En realidad, el plan sí incluye una rebaja fiscal de unos 2.500 millones para salarios más bajos, pymes y autónomos; pero promueve una subida de impuestos en una cantidad mayor (5.650 millones) para los patrimonios y rentas de capital más elevados y para los grupos empresariales. Entiende el Gobierno que en el actual clima de incertidumbre que supone la guerra en Ucrania y la inminente recesión en la zona euro es mejor hacer caja con la que poder ir dosificando medidas de ayuda a los colectivos más perjudicados por la crisis energética y de precios según vayan avanzando los acontecimientos, por lo que pueda pasar.

El plan del Partido Popular es opuesto. En lugar de buscar una mayor recaudación, aboga por una rebaja generalizada de impuestos que, al menos, devuelva a los contribuyentes la sobrecarga fiscal que sufren por el aumento de los precios. Este planteamiento general, también lo ha adoptado el socialista Ximo Puig en Valencia.

Son dos modelos opuestos que dan respuestas diferentes a una misma cuestión de partida. ¿Qué hacemos con los 30.000 millones que tenemos de más? ¿los repartimos para aliviar a los ciudadanos; o los guardamos y los aumentamos, por si acaso?

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