Artículo de Astrid Barrio Opinión Basado en interpretaciones y juicios del autor sobre hechos, datos y eventos

Claridad para Catalunya

Pese al escaso entusiasmo cosechado por la propuesta de Pere Aragonès, emulando la vía quebequesa a la autodeterminación, no debería minimizarse la relevancia de la iniciativa ya que supone un verdadero giro de guion en la agenda independentista

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El ’president’ de la Generalitat, Pere Aragonès, en el hemiciclo del Parlament.

El ’president’ de la Generalitat, Pere Aragonès, en el hemiciclo del Parlament. / FERRAN NADEU

La crisis de Gobierno y el escaso entusiasmo con el que se ha acogido la propuesta de Pere Aragonès en favor de un acuerdo de claridad, emulando la vía quebequesa a la autodeterminación, no deberían minimizar la relevancia de la iniciativa ya que supone un verdadero giro de guion en la agenda independentista, que puede abrir perspectivas para avanzar en el desbloqueo de la cuestión catalana. 

En Canadá, el concepto de la claridad se enmarca en la propia naturaleza federal de su sistema político, una lógica basada en el pacto y en el reconocimiento mutuo y que implica un escrupuloso respeto al Estado de derecho, al principio democrático y a los derechos de la minoríasLa ley de claridad canadiense fue el resultado de la respuesta de las instituciones federales a la incertidumbre generada por los dos referéndums de autodeterminación celebrados en Quebec, en 1980 y 1995. En ese caso no estaba en cuestión ni la legitimidad ni la legalidad de los referéndums, ya que el Quebec tiene reconocida la capacidad de celebrar consultas en el marco de sus fronteras, sino que lo que generaba dudas era la interpretación y la gestión de los resultados, en caso de que, en un futuro, se celebrase una nueva consulta cuyo resultado, esta vez sí, fuese favorable a la autodeterminación. La Corte Suprema de Canadá, a instancias del primer ministro federal, Jean Chrétien, delimitó el contorno en el que podía materializarse una eventual independencia y estableció que no existía un derecho amparado ni en la legalidad canadiense ni internacional a separarse unilateralmente, que la pregunta debía ser clara, reservando al Parlamento la potestad de determinar la claridad de la misma y que, llegado el caso, la Constitución canadiense permanecería en vigor hasta haber acordado los términos de la secesión, respetando eso sí, los derechos de las minorías, lo que implicaba la posibilidad de partición del territorio.

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Teniendo en cuenta que las condiciones de partida no son las mismas, invocar la idea de claridad para el caso catalán exige muchas cautelas y huir de automatismos. Ni España es un Estado federal, aunque se aproxime mucho, ni Catalunya tiene atribuida la capacidad de convocar referéndums, de ahí que tanto la consulta de 2014 como la del 1 de octubre de 2017 fueran ilegales. Pero lo que sí es importable es la aproximación al fenómeno, es decir cómo afrontar la demanda de autodeterminación de una parte del territorio estatal en el seno de un estado plurinacional. Es decir, la asunción por parte del Gobierno canadiense de la legitimidad de la aspiración, de la aceptación que de ella se deriva la existencia de un problema político y de la constatación de que el marco legal existente no podía darle salida respetando el Estado de derecho, el principio democrático y el respeto a los derechos de las minorías. La ley de claridad, por tanto, servía para delimitar un terreno de juego que garantizase esos principios

Y es precisamente a esos principios a los que hay que volver la vista y construyendo en España un acomodo que permita su ejercicio simultáneo, algo que hasta ahora no se ha garantizado. Mientras que los gobiernos centrales han priorizado el respeto al Estado de derecho, el PP fiándolo todo al frente judicial y el PSOE tratando de ganar tiempo por medio del diálogo pero sin plantearse reformas institucionales, los gobiernos catalanes invocando al principio democrático han considerado que el hecho de disponer de mayorías parlamentarias eran aval suficiente para llevar a cabo una secesión unilateral. Y, en ambos casos, se han visto cuestionados los derechos de las minorías, por parte española ignorando reiteradamente las peticiones de las instituciones catalanas y cuestionando la legitimidad de sus demandas y en Catalunya ignorando a la mitad o más de los catalanes cuando no directamente negando su existencia. La claridad ha de servir para construir un marco que aleje la incertidumbre que genera la aspiración secesionista y que lo haga respetando el Estado de derecho, el principio democrático y los derechos de las minorías. Y eso es algo que solo se logra innovando y saliendo de la zona de confort. ERC lo ha hecho. Ahora solo falta que alguien, al otro lado, le tienda la mano. Y que todos recuerden lo útil que fue la metodología de la Transición para abordar las cuestiones más divisivas. Abrir puertas, no predeterminar resultados.