Parte de daños tras la Mercè

Las fiestas de la Mercè de este año han quedado marcadas por los disturbios de la madrugada del sábado al domingo, con un muerto por apuñalamiento y actos de vandalismo y enfrentamientos con medio millar de jóvenes tras el concierto de la avenida de Maria Cristina. La oposición ha puesto lo sucedido como ejemplo de inseguridad y desgobierno bajo la alcaldía de Ada Colau, y la regidora ha calificado, no ya las críticas, sino las informaciones mismas de lo sucedido, como una «difamación» contra la imagen de la ciudad y ha querido desvincular el crimen que se cobró una víctima mortal de las fiestas. Algo que también hizo en primera instancia el responsable de seguridad municipal, el concejal por el grupo socialista Albert Batlle, hasta que su jefe de filas, Jaume Collboni, llamó a «no minimizar» lo sucedido.

Es cierto que el clima general en las calles de Barcelona durante la Mercè fue de una tranquilidad totalmente alejada de las interpretaciones más desmesuradas y los disturbios, mucho más puntuales que los que se produjeron el año pasado tras varios días de botellón pospandémico. Pero el saqueo de tiendas y el gravísimo hecho de la pérdida de una vida son hechos que deben ser analizados en su justa medida, no orillados para que no ensombrezcan un balance en general positivo.

En este análisis no se puede perder de vista que los actos de violencia sucedidos ese día no son un hecho aislado. Forman parte de una sucesión de incidentes que, desde el final de los confinamientos por el covid-19, se han ido sucediendo con menor o mayor intensidad en contextos de ocio nocturno, juvenil y en espacios públicos. Algunos estudios, como los que hoy recoge el diario, caracterizan un incremento de la agresividad, irritabilidad y falta de control que se ha instalado en algunos grupos de edad como parte de los daños que las circunstancias de la pandemia han dejado en la salud mental individual y la convivencia colectiva. Con brotes de violencia a flor de piel, y dirigidos en ocasiones, de forma insólita hasta el momento, hacia fuerzas de seguridad o incluso personal de la limpieza. No es ese un problema específico de Barcelona (ese mismo fin de semana, por ejemplo, se producía un apuñalamiento con motivación racista en las fiestas mayores de Santa Coloma de Farners), pero sí es un problema también de Barcelona. Las soluciones no deben buscarse solo en las políticas de seguridad ciudadana, pero también requieren, y no de forma accesoria, una respuesta policial. Y según el modelo de seguridad vigente, esta corresponde en el ámbito de la ciudad de Barcelona tanto a los Mossos d’Esquadra como al Ayuntamiento de Barcelona y su cuerpo policial, la Guardia Urbana.

A veces da la impresión que la Conselleria d’Interior se pone de perfil en cuanto a sus responsabilidades en la capital catalana, y al ayuntamiento ya le va bien enfatizar su protagonismo, hasta que eso le resulta incómodo. Pero las responsabilidades existen. El mismo viernes, ante el asalto a los accesos del campo del Espanyol durante el partido Marruecos-Perú, los Mossos hicieron aparición tarde, con el argumento de que faltaban efectivos por el despliegue para la Mercè. El sábado falló la intervención de Mossos y Guardia Urbana en Sants y al día siguiente se anunció un reforzamiento del dispositivo que no tenía por qué haber sido menos intenso el día anterior. Es lícito preguntarse, además de sobre las causas profundas de tanta tensión en algunos colectivos, sobre si hubo errores en el dispositivo de seguridad planteado. Y hacérselas a quienes deben garantizar que no sea así.