La 'bomba' Moreno Bonilla

La semana en que la guerra de Ucrania llega a uno de sus momentos más peligrosos y en la que la subida de tipos de los bancos centrales hace caer más a las bolsas y aumenta el miedo a la recesión, España ha estado inmersa en una aparatosa "guerra fiscal”. Estamos, a destiempo, en plena campaña electoral. Que se discuta de impuestos está bien, pero la demagogia va siendo excesiva.

El punto de partida ha sido el impuesto sobre el patrimonio que viene de la transición y recauda muy poco (1.200 millones, el 0,5% del total). Zapatero lo abolió en 2008 porque era raro en Europa (solo existe en Noruega y Suiza que no están en la UE) y porque tenía más inconvenientes (como la doble imposición) que ventajas. Pero lo volvió a imponer en 2011, cuando la gran crisis forzó a recortar el gasto público y congelar los sueldos de los funcionarios y las pensiones. El Estado buscaba dinero incluso debajo de las piedras.

Luego Rajoy lo mantuvo porque -contra lo prometido- se vio obligado a subir impuestos y retenciones. No quedaba bien eliminar un gravamen a los ricos. Pero el asunto se complicó cuando la Comunidad de Madrid -el patrimonio es un impuesto cedido a las autonomías- decidió eliminarlo de facto al bonificar el 100%. Y como Madrid concentra mucha riqueza, ahora el 45% del impuesto se paga en Catalunya. Ya era una situación anómala que creaba malestar. Y esta semana todo se ha endemoniado. En Madrid, y con orgullo, el reelegido presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, ha dicho no solo que también eliminará el patrimonio, sino que ha tentado al empresariado catalán: “Aquí está su tierra. En Catalunya hay impuesto de sucesiones, aquí no. Allí se paga patrimonio. Aquí no. Y aquí no nos vamos a independizar, estamos orgullosos de ser parte de España”.

¿Es correcto que el presidente de una Comunidad receptora de fondos del Estado elimine el patrimonio para tentar a los que lo pagan en Catalunya, que es contribuyente neto a la caja común? ¿Es lógico polarizar haciendo ostentación de querer robar contribuyentes a Catalunya y otras autonomías que lo recaudan? ¿A Moreno Bonilla se le ha subido a la cabeza su espectacular éxito de la mayoría absoluta en las elecciones de junio?

Las preguntas son obvias porque, así como bajar el IRPF es quizás un buen banderín de enganche electoral, querer abolir un impuesto que, aunque discutible, grava a los ricos puede ser impopular. Si el PP quiere hacer campaña con la idea de bajar impuestos, agitar el del patrimonio -además, en Andalucía y contra Catalunya- no parece la mejor manera. ¿Le convenía a Feijóo la “bomba” Moreno Bonilla?

Y la polarización a la derecha topa rápido con la izquierda. El Gobierno, azuzado también por Podemos, ha replicado que el PP, que allí donde gobierna quita impuestos a los ricos, hará difícil mantener las prestaciones sociales. Es una simplificación porque el impuesto del patrimonio recauda poco (100 millones en Andalucía), pero en crisis y tiempo electoral presumir de liquidar un impuesto a los más pudientes…

El Gobierno dice ahora que creará un impuesto a las grandes fortunas para obligar a los más ricos a ser solidarios ante la crisis. Y para la ministra de Hacienda que es a la vez -cosa rara- la secretaria general del PSOE y debe negociar los presupuestos con Podemos, enarbolar la bandera de hacer pagar más a los que más tienen es políticamente tentador. 

Pero, ¿cómo? El patrimonio es un impuesto cedido a las autonomías y si lo suben, Madrid y Andalucía podrán seguir bonificándolo con lo que el perjuicio al resto de autonomías todavía sería mayor. El Gobierno podrá subir el IRPF a los tramos más altos o la tributación del ahorro y las plusvalías a partir de ciertas cantidades -lo que tiene contraindicaciones-, pero un impuesto a las grandes fortunas (sin poder tocar el patrimonio) parece solo un eslogan electoral.

Moreno Bonilla se ha columpiado arrollado por el simplismo de que bajar impuestos es siempre bueno. Y María Jesús Montero ha reaccionado no como la ministra de Hacienda sino como un dirigente socialista en un mitin de Triana.

Que se discuta de impuestos en una campaña electoral es inevitable y positivo, pero habría que exigir un poco más de responsabilidad.

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