Bloqueo múltiple del CGPJ

Lesmes pide "pública y solemnemente" una reunión urgente entre Sánchez y Feijóo

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ofreció ayer una vez más el que debería ser su discurso de despedida, en el marco de la apertura del año judicial. Lesmes lamentó que «la permanente falta de acuerdo de los grupos políticos mayoritarios», en un reproche equidistante a PSOE y PP, haya paralizado la renovación del caducadísimo mandato del CGPJ y con ello la de decenas de presidencias de tribunales y la de parte de los miembros del Tribunal Constitucional. Flanco, y no menor, este último, que estos días está viviendo un pulso por el que el presidente del CGPJ bien podría haber añadido un tercer destinatario de sus críticas: la parálisis debida a otro no menos enquistado bloqueo en los altos rangos de la judicatura en el que se mezclan alineamientos políticos e intereses puramente corporativos o personales.  

Por primera vez la dimisión de Lesmes (no del conjunto del pleno del organismo que preside, lo que en su opinión sería una irresponsable dejación de funciones) se ha puesto abiertamente encima de la mesa como instrumento de presión. Esta vez con otra acusación incorporada, y no precisamente equidistante. La reclamación de que la renovación tantas veces bloqueada no se supedite a una futura reforma del mecanismo de elección, ante el quebranto que la situación esta provocando en el funcionamiento normal del poder judicial, apuntando así a la justificación planteada por el PP de Alberto Núñez Feijóo para arruinar las esperanzas de acuerdo que se habían abierto. Por otro lado, en su discurso también se enfrentó a las reclamaciones de desjudicialización del conflicto catalán. Concepto que sería cuestionable si se interpretase como impunidad ante cualquier vulneración de la legalidad pero que debe seguir reivindicándose como constatación de que la solución debe llegar por la política y de que determinadas actuaciones judiciales o tipos penales son más que susceptibles de crítica y revisión. 

Ninguna de las dos (en realidad más) partes implicadas en el bloqueo institucional dejan de estar exentas de responsabilidades, y aunque la evidencia de que el Partido Popular solo haya facilitado las renovaciones del pleno del CGPJ cuando estaba en condiciones de conseguir una mayoría conservadora y las haya bloqueado en la situación inversa obligaría a imputarle el peso de la culpa (y a dudar de que se preste a mover pieza antes de las próximas elecciones), el esfuerzo para llegar a un acuerdo no se le debe reclamar únicamente a él. 

En un estado de normalidad institucional en el ámbito de la justicia, el protagonismo en el acto de apertura del año judicial debería corresponder al análisis de la memoria de la fiscalía que ayer quedó en segundo plano. Es decir, a la indicación de las insuficiencias en tanto que servicio público, aún lejos de recuperar el ya insuficiente ritmo prepandémico. A la identificación de problemas de fondo en nuestra sociedad de los que los procedimientos abiertos son síntoma. Como el aumento del 27% de los asociados a delitos de odio y discriminación, una derivada de un clima de polarización que, con las redes como vehículo expedito, supone una amenaza de primer orden no solo para las víctimas sino para la convivencia democrática. O las 50 mujeres asesinadas en casos de violencia de género y los 31 huérfanos que estos crímenes han dejado, cifras de las que la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, recordó que «no son estadísticas, son vidas humanas». Algo que no se debería olvidar tampoco a la hora de valorar las consecuencias del bloqueo político y corporativo del funcionamiento de la justicia.