La limitación de precios imposible de la cesta de la compra

La propuesta de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de poner límites al alza del precio de la cesta de la compra es oportuna, pero está llena de elementos confusos, imprecisiones técnicas e imposibilidades legales. Como era de esperar, es vista con malos ojos por parte de la patronal de supermercados, que ha sido señalada como culpable sin argumentos convincentes. La patronal Asedas, que agrupa a supermercados españoles de todo tipo, ya propuso en en su día un conjunto de medidas urgentes para afrontar la inflación desbordada, pero recibió escasa atención por parte de la Administración.

El experto en distribución José Luis Nueno ya describió en este diario que el impacto del alza de costes se implementa progresivamente ante la existencia de contratos previamente firmados con proveedores. A partir de ahí, las marcas analizan la elasticidad de los precios de cada producto y se adaptan a las necesidades de los consumidores y sus costes, con márgenes generalmente muy ajustados. El auge de la marca blanca en los lineales es una de esas adaptaciones.

La distribución ha utilizado todos los medios a su alcance para seguir compitiendo por los consumidores. Con marca blanca, con reformulación de presentaciones (menos producto, mismo precio), con adaptación del tipo de artículos... La afirmación de la ministra Díaz de que el sector de la distribución en España es un oligopolio es discutible. El gran líder de la distribución alimentaria en España, Mercadona, tiene una cuota del 26% pero no lidera ni mucho menos el mercado en todas las comunidades autónomas. Las cadenas regionales tienen un peso muy importante y el comercio de proximidad triunfa. La competencia funciona más de lo que la ministra intuye y la formación de precios es un complejo galimatías en el que cada enseña intenta cobrar lo máximo posible (o lo mínimo, si quiere tener más clientes). En consecuencia, tiene más sentido la rebaja del IVA que propone la patronal de supermercados que llegar a acuerdos para vender cestas de saldo. De hecho, las cadenas ya ofrecen a sus clientes packs de productos baratos y siguen manteniendo una actividad promocional dirigida a clientes con menos poder adquisitivo (hasta una cadena como Ametller Origen ofrece una línea 'Essencials' además de su propia marca).

Sobre las diferencias entre el precio pagado a proveedores y el cobrado a los clientes, no hay que buscar una única causa. La formación de precios tiene a intermediarios variados y no solo las cadenas de supermercados o las centrales de compra son los causantes del incremento de precios. Los costes de transporte se han incrementado y se han repercutido. El propio ministro de Agricultura, Luis Planas, ya tiene problemas para implantar de manera efectiva la normativa que supervisa la cadena alimentaria y evitar transacciones por debajo de costes o a pérdida. Solo hay que ver los descuentos por volumen que logran las cooperativas (como Buo), generalmente muy bajos, para comprobar que los márgenes son escasos. Ante esta situación global, es posible alcanzar en teoría un acuerdo voluntario que favorezca nuevos parámetros de precios pero no parece posible una ley marco de limitación. Si los líderes venden a precios acordados una cesta de la compra quizá hasta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá que intervenir. La limitación de precios de la cesta de la compra es un tema oportuno desde un punto de vista político, pero quizá baladí en la práctica. Pone de manifiesto de que el pacto de rentas o una nueva subida del salario mínimo interprofesional podrían ser también una alternativa a complejas limitaciones de precios. Sin olvidar la posibilidad de rebajar el IVA al 4% de determinados productos alimentarios de primera necesidad.