Otro revés para el juez Llarena

La decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU estableciendo que se violaron los derechos de cuatro líderes independentistas al suspenderse su condición de diputados, tras las elecciones del 21 de diciembre de 2017, constituye un nuevo revés para el juez Pablo Llarena que tomó esta decisión. También pone de manifiesto, una vez más, que los excesos en la intervención de la justicia en cuestiones que tienen una dimensión política puede tener efectos contrarios a los perseguidos, favoreciendo los intereses de quienes pretendieron quebrantar la Constitución. De poco sirve argumentar que las decisiones de este Comité no tienen carácter jurídico y que, en consecuencia, no son de obligado cumplimiento para España. Que un organismo internacional independiente haya concluido que la retirada de los escaños de Oriol Junqueras, Raul Romeva, Jordi Turull y Josep Rull carece de motivos «razonables y objetivos», y «no se llevó a cabo bajo las garantías de un debido proceso de imparcialidad», constituye un varapalo para la justicia española.

En su afán de perseguir por el delito de rebelión a quienes optaron por decisiones unilaterales contrarias a la Constitución y el Estatuto, pero sin violencia armada, el juez Llarena se granjeó la oposición de numerosos colegas suyos y de juristas de otros países. Su pretensión inicial de condenar a los máximos responsables del ‘procés’ por rebelión no encontró el necesario respaldo y le obligó a una condena por sedición. Su actuación errática en el envío de las euroórdenes fue aprovechada por Carles Puigdemont y otros líderes independentistas para obtener determinadas victorias locales ante tribunales alemanes, escoceses y belgas, y para denunciar una supuesta intencionalidad política de la justicia española. El contratiempo sufrido ahora por Llarena por haber violado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político suscrito por España en 1985, constituye un nuevo episodio de una actuación poco afortunada, con excesos que no eran necesarios para condenar a los responsables del ‘procés’ de manera firme pero proporcionada, de acuerdo a la gravedad del delito cometido. 

Sin embargo, el independentismo se equivocaría si pretendiera que la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU les permitirá salir indemnes de la justicia europea e internacional. Las primeras reacciones de Junts per Catalunya, pretendiendo que esta resolución ampare la decisión de Laura Borràs de no renunciar a la presidencia del Parlament al haber sido llamada a declarar por un supuesto delito de prevaricación y falsedad documental, es una prueba más de la politización de la justicia a la que recurren los independentistas para intentar zafarse de los tribunales, aunque sea por indicios de corrupción como es el caso de Borràs. Los partidos independentistas no deberían aprovechar los excesos o los errores de Llarena para concluir que encontraran fuera de España un aval al intento de quebrantar el marco constitucional que supuso la declaración unilateral de independencia de 2017. Sus abogados confían ahora que la resolución del Comité de la ONU influirá en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que debe dictar sentencia, próximamente, sobre la decisión de dejar sin escaño en el Parlamento Europeo a Oriol Junqueras. Veremos si una resolución que no tiene valor jurídico, como la de este Comité, puede condicionar la decisión de un organismo como el TJUE que tiene un carácter jurídico vinculante para España. En todo caso, del mismo modo que determinadas actuaciones de Llarena son criticables, la pretensión del independentismo de considerar legítima y legal su actuación durante los acontecimientos de 2017 no se sostiene, ni será avalada por ningún organismo internacional que sea respetuoso con el ordenamiento jurídico de un país democrático como España.