El alcohol y los jóvenes

El pasado mes de abril, el Ministerio de Sanidad inició el periodo de consulta previa a la elaboración de una ley de prevención del consumo de alcohol por parte de los jóvenes, un marco hasta ahora cubierto por diferentes legislaciones autonómicas, que en general vetan la venta y consumo a los menores de 18 años, y normativas sobre aspectos parciales, como las limitaciones para la publicidad, el consumo en espacios públicos o la tasa cero de alcohol para los conductores de ciclomotores menores de edad. La realidad es que entre ese entramado normativo y la realidad, que muestra que la edad media de inicio en el consumo de alcohol está ligeramente por encima de los 13 años y que uno de cada cuatro adolescentes y jóvenes han sufrido una intoxicación etílica, hay un abismo sobre el que actuar.

La iniciativa pilotada por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas de momento ha empezado a remover las aguas, con tomas de postura exigentes por parte de organizaciones científicas y médicas y avisos de que se deberá enfrentar a serias discrepancias por parte de los sectores productores y grupos políticos que ya en anteriores ocasiones se habían plantado ante otros intentos previos, frenados tras haberse enfrentado a tales resistencias. A pesar de que las primeras imágenes que vengan a la mente son los gestos desafiantes a pasadas medidas restrictivas por parte de líderes del PP como José María Aznar, Mariano Rajoy o no hace mucho Isabel Díaz Ayuso, no sería del todo ajustado limitarse a ellas: también una ministra conservadora como Ana Pastor puso sobre la mesa la necesidad de una regulación de este tipo (y la tuvo que guardar en un cajón, como hizo la ministra socialista Elena Salgado) y también políticos socialistas, especialmente de áreas de producción vinícola, se pusieron en pie ante esas tentativas frustradas.

La tradicional normalización del consumo de alcohol (limitada y acotada en las últimas décadas, si miramos con mayor perspectiva cuáles eran las prácticas habituales en otros tiempos) y su imbricación en la dieta española y el tejido productivo de muchas regiones han sido un obstáculo en cada uno de estos casos. Pero la evidencia de los efectos del alcohol especialmente en la fase de crecimiento obligan a las administraciones a poner en primer plano un derecho y obligación básicos, el de proteger la salud de la infancia y juventud.

Durante el periodo de la pandemia, los últimos datos disponibles sobre consumo de alcohol y drogas estupefacientes registraron un cierto descenso: teniendo este, y aún más entre los más jóvenes, unas características de ocio grupal, era lógico que sucediese así. Cuál ha sido el efecto rebote y hasta qué grado la eliminación de las restricciones a la interacción en espacios públicos y el ocio nocturno ha hecho aumentar el consumo, es hasta ahora cuestión de percepciones. También lo es definir cuál es el balance entre dos tendencias existentes y contradictorias entre sí, el repunte de los episodios de consumo abusivo como parte de los hábitos de socialización de amplios sectores de la población más joven –para simplificar, el fenómeno del botellón– y la implantación de hábitos de vida saludables cada vez más instalados en otros colectivos de la misma generación. En este segundo plato de la balanza es donde las políticas públicas y la futura ley tienen más recorrido:_en conseguir que se generalice la conciencia del riesgo y avanzar en lo que el delegado del plan nacional sobre drogas ha calificado como cambio de las «normas sociales» sobre el alcohol. Sin olvidar una evidencia que lo sucedido durante la pandemia mostró: la disminución de la disponibilidad de bebidas alcohólicas u otras sustancias no necesariamente lleva a buscar otras vías para adquirirlas, sino que tiene un efecto real sobre la reducción efectiva del consumo.