Rearme digital

Las consecuencias, réplicas y facturas a pagar por el terremoto geopolítico y económico de la guerra de Ucrania son múltiples y en todos los campos. Y una de ellas es el replanteamiento de la política y presupuestos de defensa de los países europeos, que han visto cómo llegaba a sus mismas puertas lo inimaginable, una guerra convencional con una gran potencia implicada, no uno de los conflictos asimétricos a miles de kilómetros para los que se suponía que se debían reescalar sus capacidades militares.

Las resistencias a asumir el compromiso en el marco de la OTAN de alcanzar un 2% del PIB en gasto militar, más que lógicas en un escenario internacional muy distinto y con necesidades presupuestarias prioritarias para hacer frente al gasto social y la transformación del modelo energético, resultan ahora más difíciles de mantener, tras un conflicto en el que se ha visto que la diplomacia y las sanciones pueden no bastar. A esta presión internacional por aumentar el gasto militar, el Gobierno de Pedro Sánchez ha respondido con un compromiso gradual a varios años vista, para no desatender esas otras amenazas a la seguridad que pesan y pesarán sobre numerosos derechos básicos de los ciudadanos. Y que no debería olvidar otras funciones en el ámbito civil que en buena hora asumieron las Fuerzas Armadas, como la Unidad Militar de Emergencias. Pero a no ser que se espere que sea Estados Unidos quien saque las castañas del fuego a Europa–¿qué hubiese sucedido con Trump y su mezcla de aislacionismo y oscuros vínculos con Vladímir Putin ante la invasión de Ucrania, o que sucedería con un segundo mandato si las amenazas afectan directamente a un país miembro de la UE?– resulta inevitable responder solidariamente, en la medida que la economía española se lo pueda permitir, a las necesidades de una defensa europea efectivamente disuasoria.

La guerra de Ucrania (ya lo hizo en menor escala el enfrentamiento entre Armenia y Azerbaiyán) ha ofrecido otras muchas lecciones. Como por ejemplo la obsolescencia de sistemas de armas convencionales frente a nuevos medios no necesariamente de coste prohibitivo, como los drones armados, las municiones inteligentes y la integración digital de todo ello con la inteligencia obtenida vía satélite. En el caso de España se ha hecho evidente que las capacidades de sus Fuerzas Armadas están en este sentido a años luz de las desplegadas en Ucrania con apoyo de EEUU. Y también la precariedad de su arsenal, con una modesta aportación en respuesta a las peticiones ucranianas que no solo se ha debido a motivos económicos o de prudencia diplomática, como ha demostrado la frustrada entrega de los carros de combate en desuso almacenados en un estado que los hizo irrecuperables.

El Ministerio de Defensa se enfrenta a la dificultad de administrar los nuevos recursos. La posibilidad de expandir los efectivos militares ni siquiera se plantea. Pero el retraso en la renovación de costosos programas de armas o la próxima caducidad de algunos de ellos (como los F-18 del Ejército del Aire, el arma submarina ) compite con otras necesidades como la intensa renovación tecnológica que se está empezando a activar con los primeros programas de ciberguerra, dispositivos no tripulados, robotización y seguridad espacial que las FFAA españolas solo había podido dibujar como aspiración de futuro, o las demandas salariales que pasarán a ser aún más prioritarias si se trata de mantener a personal especializado. Si se tiene que pagar esta factura, al menos debería servir para avanzar en este sentido y utilizar estas urgencias para desarrollar la industria local y europea, no para entrar en una carrera de compra de armamento con EEUU como complacido proveedor.