La década perdida

En septiembre se van a cumplir diez años del acontecimiento que supuso el pistoletazo de salida del ‘procés’, entendiendo como tal el período de la historia política catalana caracterizado por el incremento del apoyo del independentismo y por la celebración de consultas de autodeterminación ilegales, que culminaron en el infructuoso intento de secesión unilateral en 2017. Se trata de la disolución anticipada del Parlament realizada por Artur Mas en 2012 tras la multitudinaria manifestación convocada por la ANC con motivo de la Diada, bajo el lema ‘Catalunya, nou estat d’Europa’, y después de que Mariano Rajoy, en un momento en el que España se encontraba al borde del rescate económico, rechazase tajantemente la posibilidad de dotar a Catalunya de un pacto fiscal, un régimen de financiación similar al concierto vasco, alegando la inconstitucionalidad de la propuesta. Tras la negativa Mas, sorprendentemente, fue recibido entre vítores a las puertas del Palau de la Generalitat y al poco convocó unas elecciones en las que esperaba reforzar su posición ,por medio de una mayoría absoluta. 

Los resultados, sin embargo, no fueron los esperados. Convergència i Unió, ya plenamente comprometida con la celebración de una consulta de autodeterminación, a través del eufemismo del derecho a decidir,  experimentó un fuerte retroceso, pasando de 62 a 50 escaños, ERC, de la mano de Oriol Junqueras, se convirtió en la segunda fuerza política, Ciutadans experimentó un notable crecimiento, triplicando su representación y la CUP accedió a la representación parlamentaria. 

La nueva política que, a partir de 2014, irrumpiría en el conjunto de la política española, en 2012 ya hizo acto de presencia en la política catalana. Tanto el 'procés' soberanista como el declive de los viejos partidos y la emergencia de nuevas formaciones, como Ciudadanos y Podemos, ambos con una agenda reformista, alimentaron unas expectativas que, diez años más tarde, podemos calificar, como mínimo, de sobredimensionadas. 

El 'procés' soberanista prometió una independencia exprés y sin costes y acabó con la inédita aplicación del artículo 155 de la Constitución, que supuso, de facto, la intervención de la autonomía catalana, y con el enjuiciamiento y encarcelamiento de miembros del Govern y de activistas independentistas y la huida del presidente y de algunos 'consellers' y dirigentes. Desde entonces, la acción política se ha centrado en deshacer los entuertos de la deriva unilateral por medio de la llamada 'desjudicialización', pero sin ninguna mejora ni en el nivel de autogobierno, a pesar de la mesa de diálogo, ni en su ejercicio. Más bien se ha producido una constante degradación de las instituciones catalanas, con un presidente de la Generalitat que tuvo que abandonar su cargo inhabilitado por desobediencia y una presidenta del Parlament, investigada por corrupción y envuelta en la 'estelada', que ha tenido que ser suspendida de sus funciones.  

El balance de diez años de nueva política en España tampoco es mucho mejor. Los aires reformistas pronto perdieron fuelle y rápidamente se impuso el cálculo cortoplacista de los nuevos partidos, lo que provocó repeticiones electorales en 2016 y 2019, la primera porque Podemos esperaba ‘sorpassar‘ al PSOE y la segunda porque Ciudadanos aspiraba a los mismo, respecto al PP. Ni Pablo Iglesias ni Albert Rivera siguen hoy al frente de sus formaciones. La irrupción de Vox, en 2018, alentado por los hechos de octubre de 2017 en Catalunya, con su agenda involucionista en muchos ámbitos, y en particular en materia de política autonómica, dificulta todavía más la obtención de los amplios consensos que son necesarios para llevar a cabo reformas institucionales exitosas y duraderas. La Corona, el Estado autonómico, la justicia, el Senado, las relaciones Gobierno-Parlamento precisan de ajustes, en muchos casos de naturaleza constitucional, que hoy por hoy se antojan imposibles. Estamos peor de lo que estábamos, ya que al parecer ni siquiera hay una mayoría lo suficientemente sólida como para reformar el Código Penal. Las reformas necesarias siguen pendientes desde hace diez años, pero la expectativa de cambio ya no es la nueva política, solo cabe esperar que la vieja, recientemente reforzada, actúe de forma responsable. Y que en Catalunya se asuma plenamente la idea de 'posprocés'. 

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