Artículo de Jordi Nieva-Fenoll Opinión Basado en interpretaciones y juicios del autor sobre hechos, datos y eventos

¿Un proceso judicial -artificialmente- inteligente?

La justicia suele prescindir de las ventajas que ofrece actualmente la ciencia, que mejorarían la vida de los ciudadanos y las condiciones laborales del personal de la justicia

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Abogados y Fiscalía del juicio por el caso de Marta Calvo.

Abogados y Fiscalía del juicio por el caso de Marta Calvo. / Epi_rc_es

Hace ya algunos años que se habla de la aplicación de la inteligencia artificial al proceso judicial, aunque poco ha ocurrido desde entonces. Los procesos, solo asistidos por la informática tradicional, han solido prescindir de las ventajas que ofrece actualmente la ciencia, y que mejorarían no solo la vida de los ciudadanos al reducirse drásticamente los tiempos procesales, los costes y optimizarse la precisión del trabajo judicial, sino que también mejorarían las condiciones laborales del personal de la justicia, jueces incluidos.

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Para entenderlo, es necesario saber lo que es la inteligencia artificial con cierta sencillez. Imaginen una gigantesca base de datos. Y que esos datos se relacionen entre sí a través de una especie de fórmula llamada algoritmo, de manera que si, por ejemplo, quieren decidir qué comen hoy, la base de datos contendrá no solo todos los platos que les gustan, sino también los que comieron en el pasado, qué día de la semana, a qué hora, con quién, y hasta los alimentos más saludables. La máquina hará en décimas de segundo una propuesta que puede coincidir muchísimo con la que ustedes mismos hubieran formulado. No se sorprendan. Piensen en las redes sociales y verán cómo llevan ya años sugiriéndoles amigos, temas de interés o productos, y no sin éxito. Llevamos mucho tiempo conviviendo con la inteligencia artificial.

La justicia ha sido bastante inmune a estos avances, no solo en España sino en general –con alguna pequeña excepción– en el mundo democrático. A estas alturas deberían haberse implementado ya las reformas legales imprescindibles para simplificar drásticamente los procedimientos judiciales y favorecer su mecanización, promoviéndose para ello un diálogo muy activo entre juristas realmente conocedores de la inteligencia artificial –aún hay pocos– e informáticos, pero ese diálogo está resultando muy dificultoso. Los informáticos no acaban de entender lo que necesitamos y los juristas no están sabiéndolo explicar. Los informáticos necesitan muchísimos datos de los procesos y los juristas no los tienen por variadas razones. Eso debe cambiar cuanto antes, a fin de que los ciudadanos por fin gocen de las ventajas de la inteligencia artificial que antes mencioné. Recabar esos datos es la primera piedra en la que casi nadie está pensando.

Sin embargo, a veces se ha ido demasiado lejos, favoreciendo el peor de los riesgos en esta materia: la pereza mental de los jueces y la mengua de las posibilidades de defensa de los ciudadanos ante la justicia. Ha ocurrido cuando algunos han imaginado una especie de androide juzgador como si fuera un camarero-robot. Y así han pensado en una aplicación que emita juicios como si fuera la Alexa de Amazon o esa amable voz de los GPS que nos sugiere rutas cuando conducimos. Un enjuiciamiento es algo infinitamente más complejo porque las decisiones judiciales dependen de muchísimos datos que con gran frecuencia son muy precarios. Juzgar, aunque a veces se banalice, no es nada fácil, y es una actividad de una tremenda incertidumbre que ha descolocado al mismísimo psicólogo premio Nobel Daniel Kahneman en su último libro.

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Con todo, hay quien está intentando que las máquinas juzguen, no asuntos reiterativos y por tanto sencillos, que son muy frecuentes; con esos casos no habría problema y a ellos debe llegar cuanto antes la inteligencia artificial. Me refiero a los procesos que no son reiterativos y en los que es esencial la labor del juez y los expertos en ciencias no jurídicas, aunque no se valore esa tarea socialmente como merecería. Existen herramientas de inteligencia artificial que están realizando pronósticos de riesgo de reincidencia con respecto a acusados de algún delito, a los efectos de decidir, por ejemplo, si se dicta prisión provisional contra ellos.

El problema no son esas herramientas en sí, sino que sus fabricantes se niegan a desclasificar su funcionamiento, dejando sin defensa a los litigantes, lo que no es jurídicamente aceptable, como ya ha sugerido la Unión Europea. Además, alguna usada en EEUU se ha demostrado nada menos que racista. Imaginen que esas herramientas sirvieran para dictar sentencia... Es muy pronto para ir tan lejos. Pero tampoco debe ignorarse que el futuro ya está aquí.