Sánchez, fiel a su estrategia

La capacidad de resistencia del presidente del Gobierno se conjuga con una paciente perseverancia por no cambiar ni dañar las alianzas que le permitieron llegar a la Moncloa. Sánchez considera que, pese a los altibajos con sus socios, no tiene otra estrategia posible, tanto ahora como en el futuro. Apoyarse en partidos separatistas le cuesta votos en algunas partes de España, pero la batalla por el centro electoral la tiene perdida desde 2019. El antisanchismo rampante impide al PSOE crecer entre los que en algún momento votaron a Ciudadanos. Pero si PP y VOX no suman mayoría absoluta, Sánchez volverá a ligar una mayonesa con el resto de los grupos. Con ERC es un caso paradigmático, porque los republicanos desde que le votaron los últimos presupuestos no han hecho más que morderle la mano. Los de Gabriel Rufián han efectuado sonados desplantes en algunas votaciones, como con la reforma laboral o el primer decreto de medidas anticrisis. Parecía que se habían caído definitivamente del llamado bloque de la investidura y que sus relaciones con el Gobierno español estaban rotas definitivamente con la excusa del 'catalangate'. Y, sin embargo, la mesa de diálogo ha vuelto a reunirse, no para otra foto, sino para perfilar acuerdos previamente cocinados.

Sánchez está decidido a aprobar las cuentas de 2023 por muchas razones. De cara a Bruselas y los mercados, transmitiría estabilidad y confianza, e internamente sería una gran muestra de fortaleza, que el Gobierno de coalición sigue vivo pese a los vaticinios de los medios conservadores. De la mesa de diálogo jamás saldrá la autodeterminación que quiere ERC y que Junts exige para sentarse, tampoco la amnistía. Pero sí algo parecido a un perdón quirúrgico o a la carta para cada uno de los encausados por el 'procés'. Los instrumentos son múltiples y, aunque todavía no se anuncian, llegarán: la reforma del Código Penal para dulcificar la sedición y la desobediencia, también de la 'ley mordaza', del Tribunal de Cuentas, o la contención del papel de la Fiscalía. Le llaman 'desjudicialización' cuando en realidad serán unos nuevos indultos por otros medios.

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