El diálogo se abre paso

Los dos acuerdos alcanzados hoy por el Gobierno de España y la Generalitat de Catalunya, tras casi dos horas de reunión de la mesa de diálogo, constituyen una buena noticia que pone fin a varias legislaturas marcadas por el desacuerdo, cuando no el conflicto abierto, entre ambas instituciones. Este cambio de escenario define por sí mismo el alcance del documento suscrito, más allá de su contenido específico, relevante en lo que se refiere a la protección e impulso de la lengua catalana, y más genérico en cuanto a la voluntad de superar la judicialización del conflicto político que ha marcado los últimos años. Con ello, se entreabre un nueva y esperanzadora dinámica, no exenta de dificultades, que debería permitir mayores concreciones en próximas reuniones de la mesa, previstas de aquí a finales de año. 

Los acuerdos pactados constituyen sin duda logros del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que apostó, desde el primer momento de la legislatura, por el diálogo con Catalunya, y del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha asumido el diálogo político como la vía por la que deben transitar las aspiraciones de su Gobierno. Su empeño tiene tanto más valor cuando es conocido que ambos han tenido que enfrentarse a la oposición, entre otros, del Partido Popular y de Junts per Catalunya, que no envió representación al encuentro. En este contexto, tiene una especial relevancia que la delegación del Gobierno, encabezada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, haya rubricado un texto que se compromete a sacar de los tribunales aquellos aspectos del ‘procés’ que puedan ser abordados mediante reformas legislativas. Tiene también una transcendencia singular que la delegación de la Generalitat, encabezada por la ‘consellera’ de Presidència, Laura Vilagrà, haya renunciado implícitamente a la vía unilateral, al asumir que la actividad política e institucional debe transcurrir «de acuerdo con las instituciones y procedimientos democráticos».

Por lo que se refiera a la desjudicialización, el desacuerdo que permanece entre las partes se puso de manifiesto en la insistencia de Bolaños en que no existe mayoría parlamentaria para ello, mientras Vilagrà considera que sí existe, si se presentan propuestas concretas que podrían afectar la ley mordaza, el papel del Tribunal de Cuentas o la reforma del delito de sedición en el Código Penal, un tema de especial relevancia para el independentismo catalán. 

El blindaje de la nueva ley del catalán en la escuela, y otras medidas destinadas a su protección e impulso son acuerdos más concretos que cuentan con un amplio consenso en Catalunya y con la oposición de la derecha estatal. Que el Gobierno no recurra la ley aprobada por una amplia mayoría del Parlament constituye una decisión inteligente, en la medida en que permite adaptar a cada centro el porcentaje de enseñanza en cada lengua, atendiendo así a criterios pedagógicos y lingüísticos que permitan el pleno dominio del castellano y del catalán, y no a criterios judiciales que no tienen en cuenta la complejidad de la sociedad catalana. El acuerdo de la mesa de dialogo de impulsar el catalán en el Senado (así como el vasco y el gallego), reformando el reglamento de las Cortes, refuerza el compromiso del Ejecutivo en considerar las lenguas cooficiales como patrimonio de todos los españoles. También cabe celebrar su decisión de pedir a la presidencia del Parlamento Europeo que el catalán sea lengua de uso en el pleno, una vieja reivindicación que también tiene apoyos más allá del independentismo.