Encuentro, sí. ¿Diálogo?
Si la próxima sesión de la mesa de diálogo tiene que llegar a resultados concretos, como dice el ‘president’ Aragonès, no puede circunscribirse a la amnistía y a la autodeterminación
Eulàlia Vintró
Catedrática de la Universitat de Barcelona
Desde la reunión de ambos presidentes, Sánchez y Aragonès, hace poco más de una semana en la Moncloa, todas las informaciones insisten en la recuperación de la mesa de diálogo entre ambos gobiernos antes de finalizar el mes de julio. Esta vez no asistirán los dos presidentes y, al parecer, los representantes de Junts tampoco. La negativa de los últimos, según dicen, obedece al contenido, a la ineficacia y a la limitación de que los representantes sean miembros del Govern.
Estamos, pues, ante el tercer encuentro, el primero en febrero de 2020 y el segundo en septiembre de 2021, al que tampoco asistieron los miembros de Junts, y resulta bastante sorprendente que en más de 30 meses solo sean tres los encuentros, cuando inicialmente se había hablado de una reunión mensual. Si siguen así, las palabras del presidente Sánchez advirtiendo de que la solución no llegaría ni en dos, ni en tres, ni en cuatro años, se quedarán muy cortas.
Más allá, sin embargo, de las discrepancias formales, que ocupan demasiado espacio en las diversas declaraciones y en la mayoría de medios de comunicación, es necesario conocer y valorar el contenido temático de la próxima sesión que, si tiene que llegar a resultados concretos, como dice el ‘president’ Aragonès, no puede circunscribirse a la amnistía y a la autodeterminación. Hemos tenido conocimiento de las reuniones preparatorias que han celebrado el ministro Bolaños y la ‘consellera’ Vilagrà con el fin de concretar los temas, y ahora se comenta más la "desjudialización" del conflicto político entre España y Catalunya que los citados objetivos generales. Sin embargo, separar la justicia de la política era, y es, una responsabilidad y un compromiso que ningún partido debería haber transgredido. A partir de ahora deberían ponerse de acuerdo para no reiterar actuaciones equivocadas que trasladan a la justicia su incapacidad para resolver los conflictos por la vía política.
Dar por supuesto que el Gobierno del Estado o los de las autonomías pueden intervenir en los procesos judiciales y modificarlos de acuerdo con sus prioridades o intereses es una barbaridad antidemocrática que transgrede los principios constitucionales de separación de los poderes públicos: legislativo, ejecutivo y judicial. Seguramente no se plantean esto sino la posible retirada de recursos y denuncias, la modificación legislativa, especialmente la referida a la sedición y a la rebelión –ya planteadas hace unos meses– y otras medidas que puedan aliviar la más que excesiva presencia judicial en cuestiones de cariz político. De hecho, el anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ya había estudiado cómo modificar la rebelión y la sedición, y si se hubiera presentado un proyecto de ley en el Congreso ahora ya lo tendríamos resuelto.
Se puede aceptar también que el orden del día no se haga público hasta después del encuentro para evitar una lluvia enloquecida de críticas y de opiniones confrontadas que dificulten el diálogo y los acuerdos, pero sí se debe informar con claridad y precisión de los resultados, de los compromisos adquiridos por ambas partes y de las cuestiones que han quedado pendientes. Sería muy oportuno fijar un calendario de encuentros para no estar siempre pendientes de la compleja realidad política general y para evitar que estos datos se conviertan en la principal preocupación y no lo sean los contenidos y resultados de cada sesión.
Una gran mayoría de ciudadanos de Catalunya vivió con ilusión la creación de esta mesa, convencida además de que solo sería posible el diálogo con un gobierno de izquierdas como el que existe, y ha empezado a desanimarse por la lentitud del proceso y por la carencia de resultados hasta el día de hoy. No obstante, hay que recordar que en Catalunya los partidos y organizaciones que se oponen no han planteado ninguna nueva alternativa ni ninguna nueva vía de solución al conflicto político existente y reconocido. Seguir diciendo lo que dijeron hace cinco años y que nos ha llevado a donde estamos no permite intuir que nos ayudarán a mejorar la situación.
Ánimos, pues, para el encuentro y que el diálogo aporte alguna solución y algún avance en el largo camino de la recuperación de las relaciones entre Catalunya y España.
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