La venganza climática de Trump

El presidente Donald Trump de Estados Unidos es un activista esforzado del negacionismo climático. Forzó el abandono del Acuerdo de París desde el principio de su mandato en 2017, aunque fue efectivo el 4 de noviembre de 2020. El presidente Joe Biden cumplió su promesa electoral de devolver a EEUU al Acuerdo de París el 21 de enero de 2021, desde el primer día de su mandato, y apostó por una diplomacia verde que devuelva a Washington a los acuerdos internacionales y salvar la reputación internacional. Tres meses después de su llegada a la presidencia, prometió reducir las emisiones de carbono a la mitad para 2030 y alcanzar la neutralidad del carbono en el 2050, mejorando claramente los objetivos de Obama. Organizó, además, una Cumbre de Líderes sobre el Clima en abril de 2021, y alcanzó un acuerdo de compromiso con China de cooperación en la lucha contra el cambio climático, renovado en la COP26 de Glasgow.

El sistema político, jurídico y socioeconómico estadounidense es altamente complejo. La Administración de Biden ha tenido tres grandes tropiezos en su intento de aplicar una política climática.

Primero, el plan social y climático, con un presupuesto inicial de 3,5 billones de dólares y que fue limitado a 2 billones por los grandes obstáculos en el Congreso por parte de la oposición sistemática del Partido Republicano y también con la importante colaboración del senador demócrata y empresario del carbón Joe Manchin. Este plan fue aprobado el verano de 2021 con apoyo de 17 representantes republicanos, que obligaron a que las principales provisiones climáticas fueran eliminadas o bien modificadas.

Ante las críticas de los grupos ecologistas y de los sectores más progresistas del Partido Demócrata, Biden prometió trasladar muchas de las iniciativas climáticas a un nuevo paquete de ayudas, llamado 'Reconstruir mejor', que actualmente se encuentra en la cuerda floja. Tras haber sido refrendado en la Cámara de Representantes por mayoría simple, el plan, que implica un gasto federal de 1,75 billones de dólares, de los cuales 555.000 millones se dedicarían a la inversión en energías limpias, parece muy poco probable que salga adelante con las elecciones al Congreso de por medio.

Segundo, la invasión de Ucrania ha trastocado mundialmente las previsiones de las políticas energéticas, y ha colocado al presidente Joe Biden en una situación ambigua, como es limitar la subida de los precios de la energía a base de incentivar la producción nacional, en particular el gas natural, y liberar millones de barriles del fondo de reservas estratégicas, sin entrar en contradicción con su objetivo de transición climática. Puesto que basó parte de su campaña electoral en la apuesta por las energías limpias, se ve ahora entre la espada y la pared.

Tercero, la decisión del Tribunal Supremo de EEUU, con una hegemonía fuertemente conservadora que Trump se trabajó a conciencia, preparó su venganza. Entre otros fallos fuertemente controvertidos, recientemente ha limitado la capacidad de la EPA, la agencia federal de protección ambiental, creada por el presidente republicano Nixon en 1970 para frenar las emisiones de los gases de efecto invernadero. En un fallo de 6-3, todos los jueces conservadores dictaminaron que la agencia se había excedido en su autoridad al redactar regulaciones climáticas. Los jueces escribieron en la decisión de la mayoría que "no es plausible" que el Congreso de EEUU pretendiera otorgar tal autoridad a la EPA cuando redactó la Ley de Aire Limpio, “una decisión de tal magnitud y consecuencia recae en el propio Congreso”.

En lo que respecta a su emisión de gases de efecto invernadero, según los datos de la EPA, EEUU ha reducido su emisión neta en solo un 6,6% en el período entre 1990 y 2020, claramente insuficiente para cumplir con el objetivo de 1,5º C del Acuerdo de París. Todo ello a pesar del informe de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de EEUU, que señala que lograr emisiones netas de carbono cero en ese país para 2050 es factible y no solo ayudaría a abordar el cambio climático, sino que también construiría una economía más competitiva, aumentaría los empleos de alta calidad y ayudaría a abordar la injusticia social en el sistema energético. Pero los intereses de los sectores del carbón, el petróleo y el gas son muy fuertes y están muy bien defendidos.

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