Nuevo modelo de atención a las residencias: un primer paso necesario

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 acordó en la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales (CTSS) del pasado mes de junio un nuevo modelo de atención residencial a las personas mayores y a las personas con discapacidad, después de que una primera propuesta fuera rechazada hace un mes por varias comunidades autónomas, nueve de las cuales han votado nuevamente en contra. Los votos contrarios se argumentan por una falta de financiación prevista para hacer frente a las reformas contempladas, y algunas comunidades, como es el caso de Catalunya, interpretan, además, que el acuerdo supone una injerencia en sus competencias en materia de derechos sociales.

El cambio de modelo que se plantea viene impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Europea (UE), que han instado a España a avanzar hacia un modelo de cuidados de larga duración que incremente los derechos de las personas con mayor dependencia y carga de enfermedad crónica. Este modelo debe estar basado en una atención de base más comunitaria, más domiciliaria y “desinstitucionalizadora”.

Por ello, la propuesta aprobada en el CTSS contempla cambiar el actual modelo residencial para que los centros se parezcan más a un hogar. No se trata de cerrar residencias o de negar su utilidad, sino de transformarlas: estructuras más pequeñas, con muchas más habitaciones individuales, con unidades de convivencia reducidas (un espacio de cocina, comedor y sala de estar), conectadas con el municipio, para facilitar la interacción con la comunidad, y personalizables.

El acuerdo también plantea avanzar hacia un modelo de atención centrado en la persona, a medida, libre de sujeciones físicas o químicas, con participación de la familia en un plan de apoyo pactado, con un profesional de referencia para cada usuario y con planificación avanzada (poder elegir el tipo de apoyo deseado hasta el final de vida, según las expectativas, valores y creencias de cada persona). Todo esto se acompaña, como no puede ser de otra forma, de un aumento de las ratios de trabajadores por residente.

Con sus puntos fuertes y sus puntos débiles, la propuesta supone, por tanto, un salto cualitativo importante en la transformación del sector y tendrá un impacto muy positivo en la atención a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Pero, más allá del marco teórico, este nuevo modelo presenta un gran reto en su implementación, que requerirá un firme compromiso de todas las partes implicadas.

Primero, por parte de la ciudadanía, porque priorizar la atención a domicilio y en el entorno comunitario comporta construir una sociedad más atenta y sensible a problemas como la soledad no deseada o el maltrato de las personas mayores. En segundo lugar, implica un alto compromiso por parte de los profesionales, que tendrán que liderar estas transformaciones y cambiar la manera de enfocar los cuidados. Por ejemplo, tendrán que dejar de trabajar por tareas y pasar a asistir a personas con dependencia con objetivos de calidad de vida.

En tercer lugar, será indispensable el compromiso de los gobiernos para aportar los recursos necesarios que hagan posible la reforma. Un modelo que plantea cambios estructurales y organizativos en las residencias, que prevé incrementar el número de profesionales y mejorar la formación de los equipos es más caro, mucho más caro. Sin olvidar que también será imprescindible abordar la mejora de las condiciones laborales de las personas que se dedican a la atención directa, que requieren un mayor reconocimiento social.

En este momento, en España se está destinando solo el 0,74% del PIB a los cuidados de larga duración, mientras que la media de la UE es del 1,5% (el 2,5% del PIB en los ocho países más ricos de la UE). No es extraño, por tanto, que el sector de la atención residencial tenga un difícil equilibrio económico. La pandemia ha acabado de asfixiar a los centros, y afrontar una transformación del modelo, en estas condiciones, solo es posible si llega oxígeno en forma de financiación inmediata. Hay que decirlo en voz alta y clara: se necesitan muchos más recursos.

La aprobación del nuevo modelo de atención a las personas mayores es, indudablemente, una buena noticia, pero es necesario que vaya acompañada del compromiso político y social para posibilitar las reformas necesarias que permitirán impulsar el cambio en el sistema de cuidados de larga duración. Es el primer paso, pero todavía queda mucho camino.

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