Reunión en la Moncloa Opinión Basado en interpretaciones y juicios del autor sobre hechos, datos y eventos

Vuelve la mesa de diálogo

Que Sánchez y Aragonès ejemplifiquen la apuesta por las reuniones entre gobiernos es positivo, pero de los futuros encuentros se esperan resultados, y no solo gestos

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Pere Aragonès y Pedro Sánchez, reunidos en La Moncloa.

Pere Aragonès y Pedro Sánchez, reunidos en La Moncloa. / DAVID CASTRO

Pedro Sánchez y Pere Aragonès se reunieron este viernes durante casi dos horas después de 10 meses sin entrevistarse. De la reunión salió la convocatoria de la mesa de diálogo entre los dos gobiernos para la última semana de julio –aún sin fecha concreta–, que será la tercera desde que el anterior president, Quim Torra, abriera este tipo de diálogo el 26 de febrero de 2020. La anterior se celebró en Barcelona el pasado 15 de septiembre, por lo que la de finales de este mes se reunirá en Madrid, y sin la asistencia de los dos presidentes. Este fue el principal acuerdo de la entrevista, que se puede considerar importante porque algunas previsiones pesimistas auguraban que ni siquiera iba a haber convocatoria formal de la mesa. La simple convocatoria indica, de creer las afirmaciones hechas hace meses por ambos gobiernos, que de la mesa saldrán acuerdos concretos porque se había condicionado la reunión a la existencia de resultados.

En la conferencia de prensa posterior, Aragonès insistió en que «en la próxima mesa debe haber resultados». Sánchez debe entender la necesidad de dejar atrás las demoras e indefiniciones y ponerse a concretar compromisos formales, lo que permitiría a ERC desactivar las presiones a las que se ve sometida por perseverar en el diálogo, y también servirían de revulsivo ante el cansancio de parte de la sociedad catalana por la falta de avances. A su vez, Aragonès debe ser consciente de lo que puede dar de sí una mesa de diálogo entre gobiernos, y no plantear exigencias que están fuera de su alcance. El ‘president’ insinuó que puede haber avances en la «desjudialización» del conflicto político. Ambas partes parecen entender el fin de la judialización de manera distinta. Lo que para el Gobierno significa alejar la justicia de la política, para la Generalitat quiere decir la revisión o anulación de las causas judiciales abiertas por el ‘procés’, algo que el Gobierno no puede hacer.

De todos modos, después de la congelación total de relaciones políticas por el caso Pegasus, el hecho de que ambas partes hayan calificado la entrevista de este viernes de «positiva», «correcta» o «importante» y «respetuosa» es una señal de que la relación entre el Gobierno central y la Generalitat –y entre el PSOE y ERC– se ha restablecido, y solo eso debe ser motivo de satisfacción.

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Para alcanzar este clima, sin embargo, los temas más conflictivos se dejaron de lado y no se abordó ni la posible reforma del delito de sedición ni la situación del ‘expresident’ Carles Puigdemont después de que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya apoyado las tesis españolas en la cuestión de las euroórdenes de cara a la extradición de los políticos del ‘procés’ reclamados por España. En el terreno de las dificultades se enmarca también la división entre ERC y Junts per Catalunya. Sánchez y la portavoz del Gobierno reclaman la presencia de ‘consellers’ de Junts en la mesa de diálogo, pero es muy probable que haya que lamentar, como ya sucedió en la anterior reunión, que los posconvergentes no asistan, y menos ahora cuando la relación entre los dos grandes partidos independentistas está enturbiada por el caso judicial que afecta a la presidenta del Parlament, Laura Borràs.

El mayor reto será no permitir que los obstáculos hagan abandonar la senda del diálogo. Así como extender este imprescindible camino de distensión y entendimiento mutuo, no solo entre Barcelona y Madrid, sino dentro mismo de la política catalana.