Urge un pacto de rentas

España suele ser lenta de reflejos en lo que se refiere a abordar las crisis económicas. Así sucedió con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2008, y podría volver a ocurrir, si el Gobierno de Pedro Sánchez no se implica de lleno en afrontar la actual coyuntura, dominada por un aumento desbocado y persistente de la inflación. La reunión mantenida hace unos días por la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, con los principales agentes sociales permite pensar lo contrario. Al menos en cuanto al objetivo anunciado por la ministra –alcanzar un pacto de rentas de tres años que permita controlar la subida de los precios–, y la importancia que el Gobierno dio a una reunión a la que acudieron, también, la vicepresidenta tercera y otros seis ministros y ministras. Una inflación de dos dígitos no daba margen para el escaqueo de ninguno de los actores presentes. Los empresarios saben que la inflación es enemiga de la productividad, los sindicatos son conscientes de que supone una quiebra del poder adquisitivo de salarios y pensiones, y un Gobierno de izquierdas debería saber que una subida tan dramática del IPC le diezma políticamente y favorece todo tipo de populismos.

Bien está, por lo tanto, que la mencionada reunión haya tenido lugar. Que pusiera de manifiesto desacuerdos sustanciales sobre lo que supone un pacto de rentas no debería sorprendernos habida cuenta de la complejidad del asunto. Lo más relevante, por el momento, es que nadie cerrase la puerta a futuros pactos. Sin embargo, si el Gobierno quiere avanzar en estas negociaciones, deberá hacer un planteamiento más amplio, implicando en el pacto tantos sectores como carteras ministeriales participaron en el encuentro. Efectivamente, el pacto de rentas que necesita el país para hacer frente al otoño negro que vaticinan la mayoría de los observadores debe interpelar, de un modo u otro, sectores sociales decisivos para controlar la inflación. Por poner dos ejemplos, los funcionarios y los pensionistas. Era lógico que el Ejecutivo se planteara, hace unos meses, revalorizar las pensiones, de acuerdo al IPC. Según pinta el panorama en puertas del verano, ya no lo es tanto. Y es posible que, a finales de año, solo sea posible acordar una protección para las de menor cuantía. El Gobierno debería ser menos confuso en sus proposiciones, pretender un pacto de moderación de rentas y a la vez una subida de impuestos para sufragar subsidios supone de facto una doble detracción de ingresos. Una mayor coherencia facilitaría el necesario acuerdo con todos los agentes sociales.

En la reunión se habló de «acuerdo de país», lo que antes se llamaba un acuerdo de Estado. Si este es el camino, y creemos que lo es, el pacto de rentas necesitará no solo de la capacidad de sacrificio de todos los actores implicados. Con contención en beneficios empresariales y en salarios. Es decir, con un acuerdo para repartir, lo más equitativamente posible, los costes provocados por la guerra de Ucrania. También necesitará de altura de miras, como la que tuvieron los políticos que firmaron los pactos de la Moncloa, en 1977. Cualquier otra actitud sería un suicidio, a tenor de las previsiones económicas que han apuntado el Banco de España y el Banco Central Europeo. No atender a las dificultades que conocen y conocerán numerosos sectores sociales podría provocar un estallido que a nadie beneficiaría, salvo a los extremistas. Y no compartir la preocupación por la sostenibilidad del tejido empresarial tendría, a largo plazo, las mismas consecuencias. Urge por lo tanto un pacto de rentas ambicioso, que permita hacer frente a un otoño que se anuncia difícil.