Complementar las pensiones públicas

Hace unos días, el Senado terminó la aprobación del proyecto de ley de Impulso en los Planes de Pensiones de Ocupación y tengo la impresión de que el tema está pasado bastante desapercibido. No deja de ser sorprendente y es que estamos hablando de una de las cuestiones más relevantes tanto para afrontar la sostenibilidad y la suficiencia de nuestro sistema de pensiones como para mejorar los niveles de ahorro interno de nuestra economía.

Al margen de las vicisitudes del trámite parlamentario del proyecto, que fue bastante accidentado y con votaciones muy ajustadas, ciertamente tenemos que constatar que estamos ante la apuesta más seria que se ha hecho en España hasta el momento para impulsar la previsión social complementaria por la vía de los planes de pensiones pactados entre empresarios y trabajadores. España, en este sentido, ha sido una excepción en nuestro contexto europeo, donde los planes de pensiones de ocupación están generalizados. Tanto que, incluso, en algunos estados como Holanda y Dinamarca, el grueso de la protección social está garantizada por estas pensiones, mientras el papel de la pensión pública, financiada por impuestos, tiene un carácter más complementario y de garantía de mínimos. En el contexto excepcional de España, el País Vasco es la excepción de la excepción. Y es que en Euskadi las denominadas Entidades de Previsión Social Voluntaria ( EPSV), que son entidades sin ánimo de lucro, de carácter voluntario y social, canalizan el ahorro complementario de miles de trabajadores, funcionarios y cooperativistas vascos. La apuesta de las organizaciones empresariales y sindicales y de las instituciones vascas explican el éxito de la previsión social, mejorando la protección de los beneficiarios y reforzando la capacidad inversora de la economía vasca.

Lo que es cierto es que un buen sistema de pensiones público necesita, para cumplir con sus finalidades, desarrollar un buen sistema de pensiones complementarias. Y es que el sistema público de pensiones no puede garantizar, ni en España ni en ninguna parte, que la pensión publica que se perciba cuando se jubila garantice una cuantía equivalente al último salario cobrado por el pensionista. Si aspiramos a tener un nivel de ingresos similar al que teníamos cuando estábamos activos, la necesidad de complementar la pensión publica es evidente. Y es cierto que, en España, la tasa de reemplazo de la pensión publica, que expresa la relación entre la pensión que se cobra y el último salario percibido, es de las más altas de nuestro entorno (de media, alrededor del 80%). Menos, por cierto, que en Holanda y Dinamarca, donde la suma de la pensión ocupacional y la pensión publica supera los porcentajes españoles. Ahora bien, también es verdad que las reformas tendentes a ampliar el periodo de cálculo de las pensiones tenderán a reducir esta tasa y gana más relevancia complementar la pensión pública. Para los trabajadores con mejores sueldos, este criterio todavía pesa más. Pero además, una mayor diversificación de la financiación de la jubilación da más opciones y tranquilidad a los pensionistas. Las reformas en algunos países como Suecia o Austria, en las últimas décadas, se movieron en esta dirección, justamente para garantizar la sostenibilidad y la suficiencia del conjunto del sistema.

En España, el tema no es tan pacífico. La izquierda más conservadora, cargada de prejuicios, desconfía de estos instrumentos; y la derecha estatal tampoco lo ha acabado de ver, confiando más en las pensiones individuales que en las pensiones de ocupación, en la medida que estas están vinculadas a la negociación colectiva y refuerzan el papel de los sindicatos en el seno de las empresas. Por cierto, en el convenio de la construcción, estos mismos días ha pactado un plan de estas características. ¡Buena noticia!

La nueva ley es importante, refuerza los incentivos e instrumentos para promocionar estos planes de pensiones y se prevé la incorporación a los mismos de los trabajadores autónomos.

La ley hubiera podido ser más ambiciosa y haber desarrollado un sistema de los denominados de adscripción automática, que establecen la obligación de todas las empresas de ofrecer un plan de pensiones para todos sus trabajadores y estos deciden si se quedan o lo rechazan. Pero, en cualquier caso, tenemos un nuevo marco legal, más ambicioso y mejor, que nos tiene que servir para promover un ahorro finalista para cuando nos jubilemos. Ahora toca aprovecharlo, como han hecho en el País Vasco o en el sector de la construcción.

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