Lo que arrastra la crisis en Indra

Cinco consejeros independientes cesados, otros dos que han presentado la dimisión y una caída del precio de la acción del 15% en veinte días. Indra, la empresa tecnológica y de defensa controlada en un 25,2% por el Estado, vive en medio de una tormenta de gobierno corporativo, que se acrecentó con la entrada en su capital del fondo de inversión Amber Capital con un 4,2%. Los consejeros cesados consideran que el Gobierno, junto con Amber, que tiene un 29,7% del capital del grupo de medios de comunicación Prisa, buscan una acción conjunta para tener el control absoluto de Indra. Ha sido un año sin apenas poder respirar de Marc Murtra. 

Este fue nombrado presidente no ejecutivo en mayo de 2021 después de que el consejo y la presión de fondos inversores no lo aceptaran como ejecutivo a pesar de que esa fuera la intención inicial del Gobierno. Desde Indra ya han anunciado que están en la búsqueda de nuevos consejeros «con otros perfiles» mientras que el mercado percibe que Murtra acabará con más poderes ejecutivos.

El espectáculo corporativo que ofrece Indra, perjudicial para su imagen en un momento clave en la estrategia de defensa europea, pone sobre la mesa qué papel debe tener el Estado (léase Gobierno) en las cinco grandes cotizadas del Ibex 35 de la que es accionista a través de tres instrumentos: Sepi, Enaire y el Frob. Un 51% en Aena valorado en 9.900 millones; un 20% en Redeia -la antigua Red Eléctrica, que incluye Hispasat- valorado en 2.000 millones; un 5% en Enagás, 280 millones; un 16,2% en CaixaBank, 4.470 millones, y el 25,2% de Indra, que vale 400 millones. En total, alrededor de 17.100 millones de euros.

Estas compañías alimentan sus consejos en algunos casos siendo recolocadores de exresponsables políticos. Aena está presidida por Maurici Lucena que, al igual que Murtra, pasó por el PSC (fue diputado en Catalunya) antes de incorporarse al sector privado en el Banco Sabadell. De los 15 consejeros, incluyendo el presidente, hay siete representando al Estado. Otro consejero de Aena es el expolítico de la extinta CiU Josep Antoni Duran i Lleida. Enagás, presidida por Antoni Llardén, cuenta con dos representantes de la Sepi, pero cataloga como miembros independendientes del consejo a un expresidente de la Generalitat, José Montilla; un exministro del PSOE, José Blanco; un exsenador socialista, Manuel Gabriel González; una exalto cargo socialista, Maite Costa, y una exministra del PP, Ana Palacio. La presidenta no ejecutiva de Redeia, Beatriz Corredor, fue ministra de Vivienda del Gobierno Zapatero de 2008 a 2010. En esta compañía, incluyendo la presidenta, cuatro de los 12 miembros del Consejo pertenecen a la Sepi. De los nueve consejeros que quedan en Indra tras la crisis de estos días, cuatro, incluyendo el presidente, han sido nombrados por el Gobierno. Uno de ellos es otro exministro de la época Zapatero Miguel Sebastián, más los exdiputados del PSOE Juan Moscoso del Prado y Antonio Cuevas. En el caso de Caixabank, tras comprar Bankia, el Estado se convirtió en el segundo accionista -el primero es Fundación La Caixa- del mayor banco en España y colocó una persona en un consejo de 15, Teresa Santero, que fue secretaria general de Industria del PSOE entre 2008 y 2011. 

Nada en contra de las puertas giratorias entre política y sector privado si los nombramientos se hacen adecuadamente y con transparencia; pero en el caso de las empresas participadas por el Estado, todas las cautelas son pocas. Que sirvan estos ejemplos.

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