Final incierto de la 'ley mordaza'

A caballo del progresivo declive político de Mariano Rajoy al frente de un PP asediado por causas judiciales por financiación fraudulenta y por el caso Bárcenas, fueron aprobadas tres leyes merecedoras del rechazo unánime de la izquierda y el compromiso de derogarlas. Así, a la reforma laboral de 2012, que rompía el espinazo de la negociación colectiva y consagraba el despido libre para hacer pagar al mundo del trabajo los costes de la crisis, le sucedieron en 2013 la Ley de Educación (LOMCE) y al cabo de dos años la 'ley mordaza (LOSC).

El proyecto del ministro de Educación Wert pretendía encarar los cambios vertiginosos de la sociedad actual con un retorno a modelos educativos de tiempos pasados, en los que la inequidad, la preeminencia de los contenidos y la ”españolización” cultural e idiomática conformaban los ejes de la política educativa. Una respuesta reactiva ante la competitividad generada por el progresivo acceso de las clases populares a las titulaciones universitarias gracias al ascensor social. Y clasista atendiendo al hecho de que había arraigado en el imaginario de los sectores más acomodados el miedo a que sus descendientes acabaran condenados a engrosar la nueva clase social del ‘precariado’.

Un relato que obligaba a diseñar, al mismo tiempo, un ordenamiento legislativo que hiciese de parapeto ante una hipotética respuesta social producto de la cronificación de las bolsas de pobreza. De aquí que en nombre de la seguridad ciudadana el ministro Fernández Díaz, inmerso ya entonces en su descenso hacia el infierno de las cloacas del ‘deep state’, liderara “su” texto legislativo. Una ley que cuestionaba 'de facto' la libertad de expresión y de reunión.

Efectivamente, el PP a través de la 'ley mordaza' se atrevía a poner en jaque derechos democráticos, razón por la cual el mismo PSOE se vio en la obligación de plantarse. Puedo dar fe porque como diputado participé desde el atril del Congreso en los debates parlamentarios, hecho que me permitió vivir de manera intensa cómo el grupo socialista afirmaba que el proyecto de ley constituía un retorno al Estado policial y el querido diputado Antonio Trevín, en nombre de los socialistas, recuperaba del cajón de las esencias perdidas afirmaciones como por ejemplo que el texto representaba una coartada para enterrar libertades y significaba la “imposición del derecho administrativo del enemigo”.

Transcurridos los años, se ha constatado que, tanto con la reforma laboral como con la ley de Educación de la ministra socialista Celaá, el término 'derogación' ha adquirido un nuevo sentido, haciéndolo equivalente a 'modificación'. En definitiva, para cumplir con el compromiso contraído había suficiente con cambiar el campo semántico y limitarse a superar algunos de los perjuicios introducidos por el PP, pero renunciando a recuperar la totalidad de aquello que la derecha había arrebatado.

Esta también es la posición del Gobierno Sánchez en cuanto a la tercera pata, la 'ley mordaza', renunciando desde un primer momento a presentar un proyecto de ley (presionado por los sindicatos policiales) y aprovechando como plataforma para tramitar la ley una iniciativa registrada en 2021 en el Congreso de los Diputados por parte del PNV.

Pedro Sánchez optó, pues, por el perfil bajo y ahora incluso pone en peligro el apoyo parlamentario a la 'modificación' si blinda las devoluciones en caliente de inmigrantes al mantenerse su ejecución en la ley de extranjería, si consolida la indefensión de la protesta al otorgar valor probatorio a las declaraciones de los miembros de la policía, si mantiene la arbitrariedad del concepto desobediencia y falta de respeto causante de centenares de miles de expedientes de multas y si perpetúa los perjuicios, a diferencia de lo que se ha hecho en Catalunya, del uso de las pelotas de goma. Y, sobre todo, si se empecina en desmotivar el protagonismo de la sociedad civil organizada al atribuirle responsabilidades en caso de disturbios en una manifestación por el hecho de haber sido convocantes.

En conclusión, negarse a profundizar libertades y optar por la restricción de derechos nos aleja del fomento de la participación y corresponsabilidad de los ciudadanos en la construcción y aplicación de soluciones viables en coyunturas difíciles y supone comprar otro cirio para llevar al entierro de la socialdemocracia. Y, tal vez, al suyo.

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