Cara a cara | Defender derechos de las trabajadoras sexuales

Quienes defendemos una postura a favor de los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución sostenemos, en primer lugar, que hay que contar con su visión en cualquier medida que las afecte. 

Colectivos de trabajadoras sexuales llevan años asociándose y tejiendo alianzas para denunciar la falta de derechos y violencia que sufren, además del silenciamiento al que están sometidas. Y en ello lo primero que han hecho es usar el acto de nombrarse como una reivindicación política. Se llaman a sí mismas putas, putas feministas, en muchos casos, y clase obrera, y se constituyen así como sujeto político. Es por ello que ningún partido político puede permitirse el lujo de negarles la participación en los temas de su incumbencia.

Ya el 2 de junio de 1975, un centenar de prostitutas ocupó la iglesia parisina de Saint-Nizier para denunciar la represión y su silenciamiento. 40 años después, volvieron a manifestare frente a la iglesia para denunciar la amenaza a su bienestar que suponen las leyes prohibicionistas que están en vigor en diversos países europeos. Cuestionaban especialmente la ley francesa, cuyo objetivo era acabar con la prostitución y que, en cambio, ha precarizado más a las mujeres. Además, se ha mostrado radicalmente ineficaz en su finalidad: tras cinco años de ley, solo 161 mujeres han dejado la calle.

La Ley que el PSOE ha llevado al Congreso para abolir la prostitución sigue la filosofía de la ley francesa y de otros modelos como el sueco o irlandés, igualmente ineficaces y dañinos para las mujeres. Además, modifica únicamente el Código Penal y no ofrece ningún tipo de salida a las prostitutas. La propuesta no puede ser la persecución de la única fuente de ingresos de mujeres pobres, poner en riesgo su vivienda e incluso que se juzgue a su entorno por acompañarlas. ¿De qué van a vivir? ¿Cuál es la propuesta del PSOE para asegurar su bienestar? 

Este tipo de leyes las condenan a la clandestinidad y a una mayor dependencia de intermediarios. Desde las posturas pro derechos defendemos que tengan protección social, derechos de ciudadanía y acceso a todas las prestaciones. Y eso no implica defender el sistema prostitucional y mucho menos los macroburdeles o empresarios, como algunas diputadas han sostenido irresponsablemente. Significa poner a las mujeres en el centro de las decisiones y valorar las consecuencias. 

Si el PSOE realmente quiere avanzar en una agenda feminista que acabe con la explotación sexual, empecemos por las medidas que serían más efectivas, como la derogación de la Ley de Extranjería, que, según un estudio de In Genera, ha empujado hasta a una 76% de las mujeres a la prostitución como única alternativa, una ley anti-trata que proteja de forma efectiva a las personas o medidas de justicia social como una Renta Básica Mínima.

Y, sobre todo, escuchemos a las prostitutas. Las putas pueden protagonizar novelas o películas, podemos aceptarlas como algo exótico o como víctimas, pero no como sujeto político en los pasillos del Congreso. Se equivocan quienes se lo niegan: ellas reclaman esa parte de los sin parte de la que hablaba Jacques Rancière, y no reconocerla sería un ejercicio antidemocrático.

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