La 'subasta permanente'

El ruido político impide escuchar las cuestiones de fondo que afloran en los debates parlamentarios. Una de ellas la puso sobre la mesa Gabriel Rufián en el pleno monográfico del Congreso sobre el caso Pegasus. El portavoz de ERC planteó a Pedro Sánchez el dilema ante el que a menudo se enfrenta su partido como aliado de la actual mayoría de Gobierno: “Tenemos que equilibrar entre los avances que ustedes hacen conjuntamente con otras formaciones políticas –con nosotros también– en el Estado de bienestar y entre los avances que también debemos hacer en el Estado de derecho. Ustedes no nos pueden chantajear constantemente”.

Desde esta perspectiva, el ‘chantaje permanente’ al que se refiere Rufián es el que llevó a ERC a oponerse al decreto sobre las medidas para afrontar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania en el momento en que, simultáneamente, dirigentes independentistas, empezando por el ‘president’ Aragonès, reclamaban explicaciones sobre las escuchas de las que han sido objeto. Haciendo abstracción de otras votaciones no forzadas –ERC no avaló la reforma laboral cuando el caso Pegasus no había estallado–, a la práctica del ‘chantaje permanente’ se puede contraponer la ‘subasta permanente’ del independentismo.

En el caso de Pegasus, por ejemplo, la activación de la comisión de secretos oficiales, la destitución de la directora del CNI y las reformas propuestas –la de la ley de secretos oficiales y la del control judicial del CNI– son consideradas cesiones insuficientes. Si el Gobierno de Pedro Sánchez sube otro peldaño en la lista de concesiones al independentismo, la otra parte contratante subirá otro escalón en su subasta de exigencias. Se trata de una práctica que es anterior al ‘procés’. Se visualizó ya en la ponencia del Estatut de 2006: el Institut d’Estudis Autonòmics proponía artículos al límite de la constitucionalidad y, acto seguido, se subía otro escalón la apuesta, con la pugna entre ERC, entonces en el Govern tripartito, y CiU como telón de fondo.

La hemos visto ahora en la negociación para buscar una salida consensuada a la polémica sobre el uso del castellano en la escuela pública: primero se pactó una ley que consideraba también al castellano “lengua vehicular", a las pocas horas JxCat se echó atrás, dos meses después se alcanzó otro pacto que utilizaba el eufemismo de “lengua curricular” y finalmente se aprobó un decreto que edulcoraba aún más el pacto inicial. La mesa de diálogo, por su parte, está bloqueada por la estrategia de la confrontación de JxCat y las dos condiciones ‘sine qua non’ de ERC: la amnistía y la autodeterminación.

Al ‘chantaje permanente’ hay que contraponer la ‘subasta permanente’. Nada nuevo bajo el sol. Los federalistas, como ha explicado Stéphane Dion, padre de la Ley de Claridad de Canadá y actual embajador en Alemania, se enfrentan a menudo a la ‘estrategia del contentamiento’. Esta práctica, que puede ser razonable, deja de serlo cuando se lleva al límite: "Puesto que los secesionistas quieren todos los poderes, se les concederá una parte deseando que los menos radicales queden satisfechos. Si no se contentan, quiere decir que no se han transferido aún suficientes poderes. Por tanto, es preciso agregar otros".

“Dista de ser seguro que este razonamiento funcione. Los secesionistas no quieren poderes por unidades: quieren un país nuevo. Reciben cada concesión, bajo la forma de transferencias de poderes, como un paso más hacia la independencia”, alerta Dion. “En resumen –añade-, la estrategia del contentamiento comporta riesgos de efectos perversos. Induce una lógica de concesiones que puede hacer perder de vista el bienestar y los intereses de los ciudadanos. Corre el riesgo de banalizar la secesión y la ruptura que esta representa. Puede suscitar recelos entre las regiones y confusión y hastío entre los ciudadanos. Corre el riesgo de liberar a los líderes secesionistas de la carga de la prueba, y de transferir toda esta carga a los defensores de la unidad“. “Así eludimos toda reflexión, y toda discusión, sobre el porqué y el cómo de la secesión”, concluye.

Se trata, en síntesis, de una reflexión de fondo que va mucho más allá de la fragilidad de la actual mayoría parlamentaria de Gobierno en España. Dos lógicas enfrentadas: el supuesto ‘chantaje permanente’ que denuncia Rufián y la ‘subasta permanente’ que practica, en grados diversos, el independentismo.

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