Pulso con Argelia

La ruptura por parte de Argelia del Tratado de Amistad y Buena Vecindad firmado con España en 2002, y la inmediata suspensión por parte de la banca argelina de las domiciliaciones para operaciones de comercio exterior, lo que congela en la práctica la importación y exportación de productos entre España y Argelia, abren un rosario de incógnitas sobre la repercusión real que tales medidas pueden tener en el suministro de gas y sobre el futuro de todas las empresas españolas con intereses económicos en el país norteafricano. Aunque el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, asegura haber recibido garantías al máximo nivel del Gobierno argelino acerca del mantenimiento del suministro, las gestiones urgentes para recabar el apoyo de la Unión Europea y que el ministro haya avanzado la necesidad de dar una respuesta «serena, pero firme» dejan claro que la tensión entre Madrid y Argel es indiscutible y que se pueden prever días difíciles.

España dio un giro radical en relación al Sáhara Occidental para apoyar la solución autonomista auspiciada por Marruecos, tanto como ejercicio de realismo a la hora de encontrar una solución viable a la situación del pueblo saharaui como con el objetivo de obtener beneficios tangibles en forma de alivio de la presión permanente de la vecindad marroquí sobre Ceuta y Melilla. Un movimiento estratégico que hubiera sido impensable en las últimas décadas, no solo por el peso de la deuda histórica de España con los saharauis sino también por el tradicional equilibrio de fuerzas, influencias e intereses en el área del Estrecho. Sin embargo, la realidad geoestratégica ha cambiado: tanto el compromiso de Estados Unidos en la estabilidad de la región como, consecuencia de la guerra de Ucrania, el mercado internacional del gas y la capacidad de Rusia de ejercer como soporte del régimen argelino.

Igual que la política exterior de España se ha redefinido ante esta nueva realidad, Argelia también ha reaccionado tensando la cuerda en su relación comercial con España y tendiendo la mano a Italia como nuevo socio preferente en el suministro de gas. Los riesgos no son menores, empezando por la amenaza de agrietar la excepcionalidad ibérica recién aprobada por la Unión Europea, puesto que depende de que el gas argelino -25% del consumo español- fluya sin interrupciones ni contratiempos y sus efectos pueden quedar relativizados con un hipotético aumento del precio que paga España por el gas importado. Y siguiendo por el hecho de que Argelia es un actor fundamental en la política de seguridad española (cooperación antiterrorista) y en la gestión de los flujos migratorios con origen en la costa argelina.

Pero no es menos cierto que el margen de maniobra del Gobierno argelino, con una población castigada por la crisis económica y la corrupción rampante, es muy relativo. Que renunciar a sus acuerdos de exportación con España es un escenario no imaginable. Y que su reto, especialmente las trabas al comercio con España, implican al conjunto de la Unión Europea, en tanto que cuestionan el Acuerdo Euromediterráneo vigente desde el año 2005 y que el cambio de enfoque de la relación española con Marruecos no está en absoluto desvinculado del conjunto de la política exterior europea. 

En este sentido, el apoyo expresado por el portavoz principal de la Comisión Europea, Eric Mamer, instando a Argel a «dar marcha atrás» en una decisión que ha calificado de «extremadamente preocupante» es significativo. La resolución del conflicto será bilateral, pero aún sería preciso un mensaje aún más explícito por parte de la UE (y el encuentro previsto para este viernes entre Albares y el comisario de política comercial de la UE, Valdis Dombrovskis, sería el momento de hacerlo evidente).