Sanidad privada: ’quo vadis’

No está nada claro qué pasará con la sanidad privada más allá de que crecerá: no se ve cuál de sus componentes se llevará la mayor parte del pastel. Hasta ahora, las aseguradoras dominaban la provisión: muchas se beneficiaban de la inercia de la población –cada vez más envejecida– en algunas comunidades, donde habían cubierto las lagunas de la sanidad pública en el pasado, empezando por las mutuas de los autónomos; después, por los convenios de los funcionarios, y finalmente, por complementar algunos aspectos deficientes de la prestación pública. Sin embargo, estando ahora las pólizas con primas presionadas por acuerdos colectivos de empresa, o bien las aseguradoras se mantienen pagando mal a los profesionales o acabarán colapsando los propios servicios, difuminando esa parte de la aureola de calidad percibida que ha tenido asistencia privada. Es probable que en el reajuste la prestación hospitalaria recupere posiciones, a la manera en que se perciben hoy algunas tecnologías, acomodaticias de expectativas de intervenciones sanitarias que actúan como reclamo. De ahí algunas inversiones que se están produciendo en el sector hospitalario, aunque algunas de ellas no alcanzan todavía la rentabilidad esperada.

El sector privado sanitario sigue siendo, sin embargo, muy dependiente de lo que haga la sanidad pública, que se encuentra en la disyuntiva de "morir de éxito" o de vivir inerte con el mal enquistado. La primera opción se produce si con la mejora de los propios servicios públicos hace innecesaria la sanidad privada, reduciendo su utilización, que poco o mucho descomprime la utilización pública a la que todo ciudadano tiene derecho en cualquier caso. Si la pública acaba siendo tan buena, ¿por qué pagar mutuas? Si se da la segunda opción, los servicios públicos malviven con el cáncer metastático de la compatibilidad público-privada que puede acabar difuminando el servicio universal en favor de una "pobre sanidad para pobres".

Falta un marco claro y transparente. Por ejemplo, sobre cuál es la razón de mantener el privilegio de la Muface para funcionarios que escogen privada a coste cero, o ante la falta de un catálogo de prestaciones explícito regido por criterios de coste-efectividad. Esto deja a la interpretación libre de cada uno si el sector privado debe centrarse en las prestaciones que no concurren con las públicas –las de coste elevado o menos efectivas– o si lo debe hacer con las mismas que las públicas, esperando el deterioro de su calidad percibida para hacer atractivos los servicios privados.

Mientras dura la confusión, algunos agentes han comenzado la guerra por su cuenta. De ahí que algunos prestadores se postulen para las concesiones públicas que les saque de la incertidumbre de aquellos marcos regulatorios, y opten directamente por beneficiarse de pequeños monopolios territoriales, o por la concertación de sus servicios dentro del sistema público, y así asegurar la financiación básica sobre la que pueden instrumentar pagos adicionales por pequeños servicios complementarios –no prestaciones alternativas completas– de pago individual. Quienes más camino están abriendo a estas citadas modalidades son las comunidades donde gobierna el PP. Estos días, en las concesiones madrileñas se está añadiendo Andalucía con la integración en la red pública de hospitales del grupo Pascual, como antes se había hecho con el socialista Ortega Limón. Hospitales estrictamente privados que reparten beneficios a accionistas fuera del sector, construidos en su día de forma totalmente confrontada al sistema público, de cuanto peor por este mejor por ellos.

Amangualados con ayuntamientos de diferentes signos, que los aceptaban independientemente de la ideología, ya que los veían como creadores de empleo local, aprovechan ahora una determinada coyuntura política, aquel populista ”dar acceso a todos”, y se integran en la red de financiación pública que pagamos entre todos. Financiación que acabará en parte en bolsillos de accionistas privados que hacen negocio. Mientras, Catalunya pasa todavía hoy en la mentalidad de muchos españoles por ser la comunidad rica, de sanidad menos universalista, con un mayor peso en la red pública del sector sanitario 'privado', se dice, obviando que se trata de centros concertados sin ánimo de lucro, que históricamente han suplido la propia falta de actuación pública y/o que complementan hoy con dinero de bolsillo de sus ciudadanos las deficiencias de la sanidad universal: muy lejos por tanto del esquema de 'privada gratuita' antes señalada, financiada con dinero público y en beneficios de terceros.

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