Artículo de Fernando G. Benavides Opinión Basado en interpretaciones y juicios del autor sobre hechos, datos y eventos

Autonomía profesional e injerencia política en salud pública

La defensa de los profesionales acusados de discriminar a policías y guardias civiles es la defensa de la imprescindible autonomía de la que deben gozar en el ejercicio de su actividad

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Un sanitario administra una vacuna.

Un sanitario administra una vacuna. / El Periódico

La salud pública, y sus profesionales, comparten una extensa frontera con la política, y sus profesionales. Por eso es tan frecuente hablar de ciencia y política en salud pública. Esto es positivo, pues muchas intervenciones preventivas y de protección, como hemos visto durante la pandemia, se basan en decisiones políticas y su poder coercitivo, pero otras son negativas, pues estamos sujetos a manipulaciones e injerencias partidistas y, peor aún, sectarias.

Así, una de las grandes enseñanzas que nos ha dejado la pandemia ha sido la capacidad científica y política para inventar vacunas de una efectividad asombrosa, aunque todo es mejorable, y distribuirla entre toda la población con una cobertura sorprendente, desgraciadamente solo en los países ricos como el nuestro. Todo en el plazo de dos años. Un éxito compartido por todos. Los científicos, los profesionales y los responsables políticos, además de los ciudadanos en general. Cada uno ha estado en su papel, desde su autonomía y su interdependencia. Una muestra más de una sociedad madura.

Pero como pasa siempre, existen algunos grupos de personas, con intereses no siempre confesados, que tratan de aprovechar los roces lógicos que se producen en medio de una crisis de la envergadura de la que hemos padecido. Grupos de distintos signos, que como sabemos se tocan. Estos días asistimos a concentraciones y manifiestos a favor de unos profesionales de salud pública del Departament de Salut, acusados de discriminar a los policías nacionales y guardias civiles destinados en Catalunya durante las primeras semanas de vacunación en 2021. Entre ellos, y de manera destacada por su implicación en la logística de las vacunas en Catalunya, la doctora Carmen Cabezas, en aquel momento subdirectora de Promoció de la Salut, y actualmente secretaria de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Esta demanda ha sido interpuesta por unos sindicatos de la Policía nacional y la Guardia civil que consideraron que sus representados, trabajadores en la categoría de esenciales, sufrieron discriminación al retrasar su vacunación en aquellas primeras semanas de distribución de las vacunas. Esto llevó a que la justicia adoptase en aquel momento una medida cautelar ordenando la vacunación de estos trabajadores, al igual que se estaba haciendo con las otras fuerzas de seguridad del Estado, como son los Mossos. Ahora, esta nueva demanda está sustentada en una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), del 21 de diciembre de 2021, que no se había emitido cuando pusieron una demanda similar a la 'consellera' de entonces, Alba Vergés, que fue archivada. 

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Los argumentos en defensa de la actuación de los profesionales de salud pública niegan la inactividad de la que se les acusa, y arguyen que el retraso se debió fundamentalmente a la espera de los listados de las personas que se tenían que vacunar, y que en el caso de los Mossos estuvo disponible desde primera hora. También que hubo que suspender el uso de la vacuna que produjo efectos secundarios, y la decisión de destinar las vacunas más efectivas y seguras a las personas de las residencias de mayores. La utilización de estos hechos, valorados por algunos como parte de la persecución a los ciudadanos al servicio de la Generalitat por parte de la justicia española, no se ha hecho esperar. En resumen, un motivo más para espolear el enfrentamiento sin piedad entre ciudadanos residentes en Catalunya con los del resto del España, y entre ciudadanos residentes en Catalunya.

Carezco de suficiente criterio jurídico para valorar el recorrido que tendrá la actual demanda penal a la que se enfrentan la secretaria de Salut Pública y los demás profesionales investigados, y si la irregularidad administrativa, evidenciada después de escuchar a las partes, en la sentencia del TSJC, conlleva también un delito penal. Espero y deseo que no, pues dada su profesionalidad es difícilmente pensable que hubiera voluntad expresa de dañar y perjudicar a los afectados. Pero, más allá de los casos concretos que nos preocupan, estoy convencido que, y esta es mi hipótesis, la existencia de instituciones de salud pública consolidadas, reconocidas científica y socialmente, por su trayectoria previa en la solución de crisis sanitarias, grandes o pequeñas, evitaría este tipo de utilización partidista y sectaria de los problemas, y errores, que inevitablemente suceden cuando se buscan soluciones a problemas nuevos. La defensa de estos profesionales es defender la imprescindible autonomía que deben tener los profesionales para el ejercicio de su actividad, y las instituciones que entre todos vamos creando. En esto vamos con retraso respecto a otros países. Defender estos logros, y no destruirlo, tan español, es la cuestión.