Artículo de Astrid Barrio

La dimisión catalana

Sin dejar de reivindicar el cumplimiento de las previsiones, es necesario abandonar la queja y rehuir los eslóganes fáciles y adquirir conciencia de que el déficit de ejecución presupuestaria responde a múltiples causas

Ximo Puig

Ximo Puig / BIEL ALIÑO

Astrid Barrio

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Los datos que hemos conocido estos días permiten afirmar que el escaso nivel de cumplimiento de las inversiones previstas en Catalunya por parte de la administración central es una constante gobierne quien gobierne, mientras que en Madrid la ejecución de lo presupuestado es siempre mucho mayor. Sin embargo, el año pasado el decalaje se situó en unos niveles exorbitados, ya que en Madrid se ejecutó el 187,3% de lo previsto mientras que en Catalunya la ejecución se quedó tan solo en el 35,7%o. Naturalmente, esta enorme desproporción abona las tesis de quienes sostienen que Catalunya padece un maltrato sistemático y de que Madrid, como consecuencia de su condición de capital del Estado, actúa como una gran aspiradora de recursos.  Pero ni todo es culpa de Madrid, por simplificar, ni mucho menos es culpa de la pandemia como tristemente ha tratado de esgrimir la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Así que, sin dejar de reivindicar el cumplimiento de las previsiones, es necesario abandonar la queja y rehuir los eslóganes fáciles y adquirir conciencia de que el déficit de ejecución responde a múltiples causas.

En primer lugar hay razones políticas, empezando por la incorporación de partidas a los Presupuestos Generales del Estado que si bien pueden servir para justificar apoyos, en muchos casos se sabe que difícilmente van a cumplirse en el plazo. Hay que presupuestar, sí, pero sobre todo hay que planificar y ser riguroso con las previsiones. Y hay también que contar con la complicidad y el apoyo de las administraciones implicadas. Y, en este sentido, la existencia de diversos sistemas de partidos propios de un modelo de gobierno multinivel puede dar incentivos a los juegos no cooperativos y, por tanto, a la demora deliberada de algunos proyectos, a sabiendas de que otro cargará con la culpa. Los gobiernos, todos, han de ser responsables. Se argumenta, además, en ocasiones, que los funcionarios, entiéndase los de la administración general del Estado, no son lo suficientemente diligentes con los asuntos relativos a Catalunya y aquí más que fijar el foco en la presunta mano negra o en la mala fe de los trabajadores públicos habría que situarlo en la competencia y en la capacidad de las administraciones públicas, sí, en plural, para actuar de manera eficiente y eficaz. Y quizás, y sin renunciar al garantismo propio de la administración en los estados de derecho, sea preciso desburocratizar al máximo los procesos con el objetivo de ganar en agilidad. Y aunque de entrada los procesos son los mismos en todas partes, los requerimientos no tienen por qué serlo y eso, en gran medida, depende de las administraciones autonómicas. Llegados a este punto seguramente menos es más, aunque a muchas Comunidades Autónomas, y en particular a la catalana, les cueste mucho sustraerse a la tentación reguladora. Y por último, hay razones vinculadas a la cultura política. Hay territorios más protestatarios que otros o políticas más susceptibles de queja y donde la complicidad de los agentes implicados y los ciudadanos es menor, lo que puede dificultar o retrasar la implementación de las políticas. 

La casualidad ha querido que el día en que conocíamos los datos en Valencia se celebraba el Seminario ‘España Polifónica y Desconcentrada’, en el que se hizo pública la propuesta avalada por el presidente Ximo Puig de desconcentrar la administración del Estado, ubicando las sedes de distintos organismos e instituciones en diversos territorios, con el objetivo de promover una reconexión emocional de los ciudadanos con el Estado. Se trata de una apuesta por una España plural y más federalizante y, por tanto, más leal y más eficiente, un debate del que Catalunya, antes líder, ha dimitido, aunque el diálogo fuese promovido por un catalán, el profesor Juan Rodríguez-Teruel. Pero no es solo eso. Cada vez hay más catalanes en centros de poder con incidencia en la ejecución presupuestaria, desde la ministra pasando por secretarios generales o presidentes de empresas públicas, pero ni se consigue el efecto ni se nota ningún cuidado. Demasiada dejación de los catalanes, tanto en la teoría como en la práctica.  

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