Covid y cuentas claras

Hace unas semanas, este diario detalló la información ya disponible sobre el gasto extraordinario del Ayuntamiento de Barcelona para hacer frente a la emergencia del covid. Fueron 75 millones de euros divididos entre 424 empresas. Ahora este ejercicio de rendimiento de cuentas y transparencia prosigue ofreciendo el detalle de a qué se destinaron los 1.783 millones de euros que formaron parte de las contrataciones ante la pandemia por parte de la Generalitat de Catalunya y cuáles fueron las 25 empresas que vehicularon un mayor volumen de estos fondos. El destino de estas partidas, el perfil de las compañías beneficiarias y el precio de los servicios contratados no han hecho saltar ninguna alarma ni aflorado casos que acumulen la cantidad de indicios de presunta corrupción, tráfico de influencias o directamente estafa que sí empiezan a gotear en el ámbito de otras administraciones, específicamente la regional y local en Madrid. Hasta ahora, el proceso de fiscalización de las cuentas públicas que está todavía en un proceso inicial ha señalado la existencia de algún caso aislado de engaño en que la perjudicada fue la Generalitat y algunos procedimientos de contratación al filo de la incorrección, en ambos casos dentro de los márgenes comprensibles en una situación de emergencia extrema en que la cadena de provisión de material sanitario se convirtió en un bazar universal en el que se especuló con el precio de productos tan básicos como mascarillas, batas y guantes (o equipamientos que súbitamente se convirtieron en una primera necesidad en volúmenes nunca previstas, como los respiradores).

En este contexto, el precio de algunos elementos (como los tapabocas) en las primeras fases de la pandemia pueden resultar llamativos desde el contexto actual; pero se trató de una situación generalizada (y los casos que un sobrecoste absurdo ha destapado una red de comisiones bochornosas ya han empezado a desfilar hacia los juzgados), que se fue normalizando a partir de que la producción empezó a ajustarse a la demanda. En el detalle de las compras realizadas llama la atención el volumen de la inversión necesaria para facilitar el teletrabajo a los funcionarios públicos y los estudiantes y la prestación online de servicios que nunca se había planteado que dejasen de ser presenciales:la digitalización a marchas forzadas de estos servicios fue una factura que imputar en parte al escaso grado de digitalización del sector público hasta ese momento (pero inevitable una vez tuvo que afrontar su transformación por motivos de fuerza mayor).

Pero tanto en los ámbitos en que ya han empezado a aflorar prácticas especialmente vergonzosas en una situación de emergencia vital, como en aquellos en que no existe ningún indicio similar, la cantidad de dinero público invertido y la relajación de controles que se produjo al activar los mecanismos de contratación pública en un estado de emergencia previstos legalmente obligan a redoblar las actuaciones de transparencia y fiscalización. No debe quedar ningún margen de duda de que el surgimiento de firmas con facturaciones modestas hasta ese momento o sin experiencia previa en el sector, o el elevado volumen de contratos adjudicados por las administraciones sin llegar a contrastar distintas ofertas, sea un resultado lógico de la capacidad de adaptación, agilidad y habilidad en el mercado exterior de algunas empresas y de la necesidad de reaccionar bajo una presión inimaginable por parte del sector público, y no la consecuencias de actuaciones que se deben esclarecer aún.