Tribuna

La pandemia de la desigualdad: un problema de salud pública

La inequidad es una opción política, no una inevitabilidad. Si hay voluntad política, las desigualdades son diferencias que se pueden reducir

Dentista servei municipal Bertran

Dentista servei municipal Bertran / Albert Bertran

Nacho Sánchez-Valdivia, Daniel G. Abiétar y Carme Borrell

Nacho Sánchez-Valdivia, Daniel G. Abiétar y Carme Borrell

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Las desigualdades sociales incluyen desigualdades en la salud. Estas diferencias injustas y evitables son el resultado de las distintas oportunidades y recursos que tienen las personas según su trabajo, orientación sexual, género u origen, entre otros ejes. Estas se traducen en una peor salud entre los colectivos sometidos a abusos de poder. Por ejemplo, la población de menos renta tiene más probabilidad de sufrir enfermedades.

A pesar de que las desigualdades son conocidas desde hace tiempo, persisten y podemos verlas: personas hacinadas en pisos, otras trabajando en el campo para recibir salarios que apenas llegan a los cincuenta euros al día, mujeres migradas limpiando habitaciones de hoteles que luego siguen limpiando en sus hogares. Sin embargo, también vemos los esfuerzos colectivos para reducirlas: plataformas por el derecho a la vivienda, redes de apoyo a las personas migradas y refugiadas, alianzas contra la pobreza energética, entre otros.

Las instituciones y profesionales de salud pública hemos señalado anteriormente que la salud depende, principalmente, de las condiciones de vida. Son los llamados determinantes sociales de la salud. Las condiciones laborales, el desigual reparto de los cuidados, la vivienda, el acceso a alimentos saludables o las zonas verdes son elementos compartidos que determinan nuestra salud. De ahí la necesidad de que las políticas de salud pública incluyan la visión de las desigualdades sociales.

En 2015, la Comisión para Reducir las Desigualdades Sociales en Salud en España del Ministerio de Sanidad propuso políticas para reducir las desigualdades sociales en salud y avanzar hacia la equidad. Entre sus recomendaciones encontramos aspectos como la distribución más justa del poder y los recursos, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, y la creación de entornos saludables. Y es que, desde la salud pública, ya se han realizado acciones enfocadas a estas cuestiones. Un buen ejemplo es la ley antitabaco que ha reducido su consumo en España.

En este sentido, el ámbito laboral tiene un papel clave, ya que es un área de acción estratégica para la política y la salud pública. La principal recomendación que hacía la Comisión sobre empleo era fomentar la contratación fija con salarios dignos y proteger los derechos laborales en sectores con alta proporción de trabajo informal, especialmente desempeñado por mujeres migradas y personas jóvenes. También contemplaba políticas fiscales redistributivas, de gasto social, así como la renta básica para reducir las desigualdades y la pobreza. Así, las sucesivas reformas laborales por venir y las subidas del Salario Mínimo Interprofesional podrían avanzar en reducir las desigualdades en salud. 

Del mismo modo, para algunos gobiernos locales combatir las desigualdades en salud es una prioridad. Barcelona incorporó en 2016 la reducción de las desigualdades en salud en su programa y reforzó el programa Salut als Barris, implantó el dentista municipal o el acceso a la tarjeta sanitaria para toda la población residente. Y es que la desigualdad es una opción política, no una inevitabilidad. Si hay voluntad política, las desigualdades son diferencias que se pueden reducir.

Desde 2020, asistimos a la pandemia del covid-19, un evento que marca la salud mundial, pero que sigue alguno de los condicionantes del modelo de los determinantes sociales de la salud.¿Por qué en unos barrios ha afectado más que en otros? La respuesta, de nuevo, pueden ser los determinantes de la salud. No podemos obviar las diferencias entre algunos hogares para afrontar la enfermedad y las restricciones o las condiciones de trabajo. Tampoco los medios ofrecidos por las administraciones o el grado de colaboración de las empresas (prevención de riesgos de calidad, teletrabajo...). De hecho, la pandemia ha hecho crecer tanto las desigualdades sociales como las desigualdades en salud.

Ahora que se plantea la necesidad de hacer frente a la pandemia de la desigualdad en nuestro país, se debe hacer desde un trabajo coordinado que incluya a la salud pública en todas las políticas. El trabajo interdisciplinar de la salud pública la convierte en una herramienta clave para combatir las desigualdades y promover el bienestar de todas las personas, especialmente de las más vulnerables. Pero, para ello, reducirlas tiene que ser una prioridad política, ya que de nuestra salud dependen la posibilidad de prosperar, afrontar los grandes cambios y, por último, disfrutar de la vida.

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