Emergencia social: 'parole, parole...'

La emergencia social no es nueva. La pandemia la ha vuelto a hacer evidente y más cruda, pero las raíces son estructurales y nunca nos hemos llegado a recuperar de la crisis de 2008. Está explicado con datos en 'El impacto social de la pandemia en Catalunya: sobrevive la economía, sufre la ciudadanía' (INSOCAT 13, editado por ECAS) y el Govern de la Generalitat, que en 2021 anunciaba una legislatura social, no está cumpliendo su compromiso. La transformación social y feminista que prometía no se está trasladando a políticas reales y efectivas.

Las entidades que trabajamos con personas en situación de vulnerabilidad percibimos más bien continuidad en las respuestas paliativas, asistenciales e insuficientes. Apostar por las políticas sociales requeriría una mayor inversión y una colaboración más a fondo con el tercer sector. Las buenas palabras están, pero suenan vacías a medida que el día a día nos devuelve al escenario de siempre: carencia de apoyo y de una financiación justa que permita garantizar la calidad de la atención y la estabilidad económica y jurídica para planificar y asegurar unas condiciones de trabajo dignas.

Bienestar cojo

Los presupuestos de este año, expansivos e inyectados de dinero europeo, generaron buenas expectativas, pero el taburete del Estado de Bienestar continúa cojo: mientras la inversión en salud y educación representan un 26,6% y un 18%, respectivamente, los derechos sociales no llegan al 10%. La gran diferencia, sin embargo, es conceptual: la salud y la educación se consideran derechos universales y los sistemas para garantizarlos van dirigidos a toda la población, mientras que los derechos sociales son tratados como de segunda categoría y el sistema de bienestar parece destinado solo a los los que 'caen' y necesitan ser rescatados.

Así, tenemos un modelo de protección social fragmentado y discrecional que estigmatiza la población usuaria y perpetúa las desigualdades. Las políticas de rentas son un ejemplo claro: el grueso es de base contributiva (pensiones, prestaciones por desocupación) y se complementa con una Renta Garantizada de Ciudadanía asistencial que solo cubre el 10-12% de las personas en riesgo de pobreza. El plan piloto para ensayar una Renta Básica Universal es uno de los pocos 'brotes verdes' que divisamos en la actual legislatura.

Vista en conjunto, la acción de gobierno se mueve -y nos lleva a movernos- en la misma dinámica de contención de siempre, sin inversión y apoyo para hacer nada más que parar la vez; manteniéndonos desbordadas y ahogadas económicamente. “El peor retraso en el pago de las subvenciones” que ha denunciado la Taula del Tercer Sector se suma a la infrafinanciación crónica descrita por La Confederació. Nuestra voluntad y vocación está siempre; los recursos suficientes, nunca.

Cohesión social en riesgo

A pesar de los compromisos de un triple marco normativo (leyes del Tercer Sector Social, de la Economía Social y Solidaria y de Acción Concertada), nos encontramos con trabas y dilaciones. En el discurso oficial se nos reconoce, pero en el trato y los hechos se nos menosprecia. La votación en el Parlament de una moción para la mejora de la financiación del tercer sector ha puesto de manifiesto las reservas de los partidos de gobierno a algunas medidas para dotarnos de mayor estabilidad y mejores condiciones de trabajo. Los gestos y las palabras están cargados de significado: cuando un gobierno anterior nos exhortaba a "hacer más con menos", la precarización estaba servida. Y los que han venido después no han revertido la tendencia. Nadie se plantea realmente qué pasaría si un día las entidades dejamos de sostener unos servicios imprescindibles.

La justicia social pasa por el reconocimiento y la retribución justa de quienes remamos para que todas podamos tener una vida digna, pero más allá de las cifras reivindicamos un nuevo paradigma: superar políticas reactivas y apostar por la prevención y la transformación estructural. La protección social no tiene que ser una red de último recurso, sino la tercera pata de un Estado de Bienestar consolidado. Queremos formar parte de un sistema universal en una sociedad capaz de garantizar los derechos y la igualdad de oportunidades. La Renta Básica Universal puede ser la pieza clave que marque el camino hacia una verdadera redistribución de las riquezas mediante una nueva fiscalidad y un nuevo contrato social que rompa con el actual modelo empobrecedor e insostenible