Artículo de Astrid Barrio Opinión Basado en interpretaciones y juicios del autor sobre hechos, datos y eventos

El anatema de la plurinacionalidad

El actual Estado de las Autonomías ha tendido a asemejarse a un estado federal y asimétrico de carácter plurinacional que ha ido generando cada vez más disfunciones y más insatisfacciones

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El anatema de la plurinacionalidad

Hace unos días el consejero de la presidencia de Andalucía, Elías Bendodo, que no es uno de los sospechosos habituales, un peligroso nacionalista periférico, sino un destacado miembro del PP, afirmó que España era un Estado plurinacional. Rápidamente, el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, le enmendó la plana remitiendo a artículo 2 de la Constitución, aquel que reconoce la indisoluble unidad de la nación española y que garantiza el derecho al autogobierno de las nacionalidades y regiones.  

Este artículo sintetiza en gran medida lo que significó el hoy injustamente denostado pacto constitucional de 1978 por medio del cual sectores hasta entonces enfrentados buscaban una solución de compromiso en torno a los conflictos seculares de la política española, entre ellos la cuestión nacional. A este respecto ello implicó tratar de conciliar, por medio de algunas acrobacias semánticas, dos principios que la teoría política siempre ha tendido a considerar irreconciliables. Por un lado, el principio del Estado Nacional según el cual a cada Estado le corresponde una nación y a partir del cual se reconoce España como tal ("La Constitución se fundamente en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles…"). Y por otro el principio de las Nacionalidades, que implica, de facto, el reconocimiento de naciones sin Estado o, si se quiere, de nacionalidades no realizadas políticamente, y que se vehiculó a través del autogobierno pero no de la autodeterminación que derivaba de la doctrina del presidente Wilson ("… y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran"). Gracias a ese artículo, al título octavo y al reconocimiento de los hechos diferenciales se ha desarrollado en España el Estado de las Autonomías, un peculiar modelo que en la práctica ha tendido a asemejarse a un Estado federal y asimétrico de carácter plurinacional cuya naturaleza imperfecta ha ido generando cada vez más disfunciones y más insatisfacciones en todas las partes.

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De ahí en parte, por un lado, tanto el proyecto confederal del lendakari Ibarretxe en los albores del siglo XXI como el incremento del apoyo al independentismo en Catalunya desde 2010 y la subsiguiente deriva rupturista del año 2017, y del otro, tanto la voluntad de Vox de desmantelar el Estado de las Autonomías como la reciente propuesta de Inés Arrimadas de eliminar la distinción entre nacionalidades y regiones del artículo 2 de la Constitución. Unos planteamientos todos ellos que rompen la lógica consensual que guio el proceso constituyente y que apuestan por una lógica mayoritaria que, tras dos siglos de trayectoria constitucional casi siempre frustrada, parecía felizmente superada. Sin embargo, se da la paradoja de que, a pesar de las impugnaciones, el fracaso de las vías partidarias de la deconstrucción el Estado (vía confederación o secesión) y la inviabilidad de la senda involucionista (vía supresión Estado autonómico o de minimización del reconocimiento) por falta de apoyos revelan la ausencia de un proyecto alternativo viable de organización territorial y de reparto del poder político al estado autonómico. 

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El Estado autonómico goza de una mala salud de hierro y su existencia se basa en el reconocimiento implícito de la plurinacionalidad que está contenido en la idea de derecho al autogobierno de las nacionalidades. Por eso se le ha escapado a Bendodo, por eso Vox quiera acabar con él y por eso Ciudadanos quiere reformar el artículo 2. Pero la involución, hoy por hoy, es tan imposible como lo es la secesión. La correlación de fuerzas internas y el contexto internacional así lo indican. Queda la senda del realismo sin aspavientos: reconocer explícitamente que el desarrollo del Estado autonómico ha dado lugar a una concepción pluralista de la nación y que la adopción del autogobierno implica la existencia de la soberanía compartida propia de los sistemas federales. Eso y emprender las reformas que permitan profundizar en el federalismo plurinacional para evitar más desafección y disfunciones y que más que libres e iguales nos haga libres y diversos.