Calviño y Portugal

Este lunes, la Comisión Europea decidió mantener en 2023 la suspensión de las reglas fiscales: máximo déficit del 3% del PIB y del 60% de la deuda pública. La norma se congeló en 2020 porque el desplome económico de la pandemia la hacía imposible. Y ha sido clave para superar la crisis y mantener los equilibrios sociales.

Ahora, aunque el aumento del déficit y la deuda han sido muy fuertes, Bruselas cree que la incertidumbre creada por la guerra de Ucrania  aconseja mantener la excepción un año más. Para España es una buena noticia porque permitirá que el ajuste del gasto sea menos brusco, pero el Gobierno se equivocará si lo toma como una licencia para seguir igual. Porque no conviene dejar las asignaturas duras para el último minuto, y por otras razones.

La primera es que –Lagarde lo reconfirmó ayer– este verano el BCE dejará de comprar deuda y subirá los tipos de interés. Así, no bajar el déficit –aunque permitido– costará más. España se financiaba en enero al 0,4%, y ahora el bono español a 10 años está ya en el 2,14%.

En segundo lugar, porque el viento europeo es el de una cierta vuelta al rigor fiscal. El ministro de Economía alemán, el liberal Christian Lindner, ha dicho que Alemania lo hará ya en 2023. Y que Berlín se opone a aumentar la deuda europea –como el plan de regeneración actual– para paliar los efectos de la guerra de Ucrania, financiar la subida del gasto militar o de la transición energética: “Fue una decisión por una sola vez, y cuando se analizan las cifras está claro que hay que poner fin a la política fiscal expansiva y dejar de intervenir en la economía con grandes programas públicos. Hay peligro de estanflación y hay que actuar con urgencia”.

Cierto, Lindner es quizá un halcón y tampoco es la máxima autoridad europea, pero Alemania es la economía más fuerte y todo indica que los años de gran relajación fiscal y de tipos de interés negativos están tocando a su fin. Y el Gobierno que lo ignore correrá grandes riesgos.

La prueba es que Portugal, con un gobierno socialista con mayoría absoluta, se apunta a la disciplina fiscal. Fernando Medina, el ministro de Economía, acaba de afirmar que “cuando suben los tipos y se amplían los diferenciales de deuda de la zona euro, la reducción del déficit y de la deuda pública es un objetivo prioritario”.

Y el gobernador del Banco de Portugal, Mario Centeno, expresidente del Ecofin, ha remachado que Portugal debe lograr que el “ratio” de deuda pública sobre el PIB, que ya está por debajo del de Italia y Grecia, sea también inferior al de España y Francia. El FMI avala que caerá del actual 127% del PIB al 104% en 2027, una reducción sustancial y muy superior a la prevista para España, que está hoy en el 118%.

Y el rigor no va a castigar a Portugal, pues la Comisión prevé que este año crezca un 5,4%, frente al 4% español. El Gobierno Sánchez no tiene mayoría y depende, entre otros, de Podemos, que es como es. Pero Pedro Sánchez y Nadia Calviño no son ilusos y no deben saber menos que los socialistas portugueses. Muchas veces han puesto a Antonio Costas, el primer ministro luso, como ejemplo. Ahora también lo deberían escuchar.

El mundo ha cambiado con el rebrote de la inflación y la guerra de Ucrania y cuanto más se tarde en adaptar los discursos a la nueva realidad, más graves serán las consecuencias.

Gobernar no debe confundirse con ser popular todos los días, porque esa es una forma infalible de perder credibilidad, acabar siendo impopular y perder –mal– las elecciones.

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