El Govern de Aragonès: un año de difícil realismo

Aragonès inicia el debate pidiendo hacer "inevitable" amnistía y referéndum

Pere Aragonès ha alcanzado ya su primer año como presidente de la Generalitat. Las elecciones de febrero de 2021 no dejaron un resultado fácil de gestionar y las negociaciones para formar un nuevo ejecutivo fueron todo menos plácidas, con un socio, Junts, al que le costó digerir que desde su tercera posición en los comicios dejaba de estar legitimado para dictar instrucciones desde Waterloo. Durante este periodo, a diferencia de l o sucedido con el anterior ocupante del Palau, Aragonès ha restaurado una condición previa para poder hacer política desde el Govern de la Generalitat. Ejercer la autoridad de su cargo sin dependencias que menoscabaran su dignidad, no buscar en cada decisión o declaración su potencial desestabilizador, sino objetivos constructivos, y mantener una relación de estabilidad y coordinación en el seno del su Ejecutivo –mérito compartido con los elementos de Junts con responsabilidades de gobierno. La máxima del ‘president’ Tarradellas («en política se puede hacer todo, menos el ridículo»)ha vuelto a estar vigente tras un periodo de frivolidades bochornosas.

Y por más que el deseo de volver a la normalidad institucional, compartido desde los más diversos estamentos y sensibilidades con la excepción de los ya quizá irreversiblemente fanatizados, jugaba a favor de Aragonès, lo sucedido a lo largo de este año ha ido interponiendo más de una dificultad que ha llevado a presentar un balance desigual de cumplimientos de los compromisos prioritarios fijados hace un año.

Los estragos causados por el 2017, las desconfianzas y recelos internos y externos, siguen pasando factura en forma de dificultades adicionales para atraer grandes proyectos que requieren tanto del consenso territorial e institucional en Catalunya como de unas relaciones fluidas con el Gobierno central y el resto de comunidades (gigafactoría de baterías, remodelación del aeropuerto, Juegos Olímpicos de Invierno del 2030). La perpetuación de la crisis del covid sigue manteniendo colgando de un hilo la atención sanitaria básica, y los esfuerzos presupuestarios en un área clave como la de educación se han vuelto invisibles (igual que también lo suelen ser las medidas para combatir la emergencia social) en este caso ante la crispación no solucionada entre el Govern y el profesorado.

Yal otro lado de la mesa de negociación con el Estado, cuyo progreso debía legitimar ante el independentismo más reticente la apuesta de regresar al realismo, Aragonès se ha encontrado con un Gobierno de Sánchez que ha hallado en los sucesivos terremotos que han sacudido la política española la justificación para mantener el reloj parado sin poner sobre la mesa ninguna propuesta concreta. O aún peor, jugando al autoengaño (como hace el Ejecutivo al considerar que la crisis abierta por el espionaje de Pegasus es un asunto ya «amortizado»). 

Con un relevo en la dirección de Junts y la proximidad de unas elecciones municipales en que los socios en el Govern serán adversarios en campaña, entra dentro de lo esperable que los disensos inherentes a cualquier coalición de gobierno no vayan a reducirse precisamente. Es un coste que habrá que pagar (aunque la fatiga de los catalanes ante la política de gestos algún día llegará a su límite) siempre que este no incluya arruinar la acción de gobierno y tensar la convivencia social. En la consumación de un acuerdo amplio sobre el uso de las lenguas en la escuela, de forma inminente, o, dentro de unos meses, con la aprobación por segunda vez desde 2010 de unos presupuestos en tiempo y forma deberá refrendar la continuidad del rumbo responsable emprendido en la primera manga de su mandato.