Menos escuchas y más escucharnos

La función de la prensa de calidad no es solo actuar de caja de resonancia del ruido político. Debe filtrar también las fuentes de información que, a menudo, están contaminadas; separar el grano de la paja y jerarquizar las noticias. A raíz de los casos de las escuchas telefónicas y de grabaciones de conversaciones privadas, han surgido informaciones que han centrado el interés político y mediático. El objetivo de las revelaciones debe ser arrojar luz sobre hechos que la ciudadanía merece conocer, porque contribuye al fortalecimiento democrático. Por el contrario, si pretenden alimentar la confusión con enfoques sesgados se devalúa el debate crítico. La defensa de la libertad de información, como dijimos en otro editorial, obliga a defender la publicación de hechos relevantes, pero no de forma ventajista ni en clave partidista.

Como escribimos al conocerse los ataques con el 'software' Pegasus a diversos miembros del Gobierno central, del Govern de la Generalitat y de los partidos y las entidades independentistas, la comparecencia parlamentaria de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, y su posterior destitución debían servir para cerrar el cruce de acusaciones políticas a la espera de que los tribunales instruyan las causas abiertas o las que se puedan abrir. Los partidos, mientras tanto, deberían promover las reformas legales pertinentes para reforzar los mecanismos de tutela judicial del CNI, incluida la intervención del fiscal en la autorización de las escuchas, lo que reforzaría las garantías de legalidad.

En paralelo, desde el Gobierno, se insiste en el carácter «no militante» de nuestra Constitución y, en consecuencia, se recuerda que el independentismo como idea política no constituye delito alguno. La actuación del CNI, desde esta lógica, se enmarca en su misión de proteger el Estado ante aquellos que intentaron alterar su composición sin seguir los caminos legalmente previstos. El caso Pegasus, sin embargo, puede encubrir actuaciones que hayan ido más allá de lo razonable tanto en relación con los motivos alegados para la autorización de las escuchas como con el número de personas espiadas y el tiempo que duró la intervención. El Gobierno podría despejar estas dudas promoviendo la desclasificación de los documentos que permitieron la autorización judicial.

Entre tanto, seguimos encharcados en el barrizal político con la filtración de las informaciones que se dieron a puerta cerrada en la comisión del Congreso. En paralelo, el comisario Villarejo ha puesto de nuevo en marcha el ventilador de la operación Kitchen. De lo filtrado, en el plano político, solo podría desprenderse una actuación judicial: la apertura de actuaciones contra María Dolores de Cospedal y su marido, que, en su momento, no estimó procedente la Audiencia Nacional. Este círculo se ha cerrado con nuevas filtraciones sobre la llamada operación Catalunya. El hecho más relevante es la actuación contra Sandro Rosell, expresidente del FC Barcelona, que le causó un daño irreparable: pasó casi dos años en prisión preventiva antes de ser absuelto. Los documentos que evidencian que se le investigó sin control judicial no pueden ser pasados por alto: del mismo modo que se ha juzgado al independentismo, se han de juzgar los excesos en su persecución.

La ciudadanía asiste perpleja a este rosario de filtraciones, que son el espejo de unas prácticas políticas y judiciales que hay que revisar. Es responsabilidad de todos nuestros representantes políticos. De no hacerlo, la desafección y la polarización aumentarán. Acaso la receta para evitar ambas cosas sea: menos escuchas y más escucharnos.