Diputaciones: Un bicentenario para desterrar prejuicios

La institución provincial barcelonesa cumple este 15 de mayo dos siglos de historia, un bicentenario en 2022 que comparte con las otras tres diputaciones catalanas y con la mayoría del resto de España. Una celebración que causa sorpresa porque la historia de las diputaciones es en general desconocida, y en Catalunya todavía demasiado a menudo parece que solo la institución autonómica tiene legitimidad histórica. Las diputaciones nacen como consecuencia de la revolución liberal, la Constitución de Cádiz (1812), y son un instrumento de modernización que se enfrenta a la represión del absolutismo hasta el punto de que no se afianzan hasta 1836.

El caso de la Diputación de Barcelona es cuanto menos sorprendente porque estamos ante la administración territorial catalana sin duda más importante de los siglos XIX y XX, por varias razones. En la provincia de Barcelona se dieron una serie de cambios sociodemográficos y económicos fruto de la industrialización y del proceso de urbanización que la convirtieron en un territorio singular, a los que la institución provincial tuvo que dar respuesta en comunicaciones, beneficencia, enseñanza, sanidad o cultura. Ha sido una administración intermediaria entre los municipios, así como de los grupos sociales, económicos y políticos barceloneses, con el Estado central liberal. La Diputación jugó muchas veces un papel de coordinación supraprovincial, por ejemplo, en carreteras, y de suplencia institucional ante la falta de gobierno autonómico.

La etapa de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1923), más conocida para el gran público, es la suma voluntaria de las cuatro diputaciones, bajo el liderazgo y con el presupuesto de la barcelonesa. El autogobierno no llegó hasta el breve periodo de II República, y con la democracia no empezó a caminar de verdad hasta 1980. Por tanto, la Diputación de Barcelona es no solo por defecto, sino por la propia ambición de sus sectores dirigentes, la administración territorial catalana más importante en esos dos siglos.

Es cierto que durante la transición democrática había el implícito de que las diputaciones desaparecerían con la recuperación del autogobierno. Había una tradición catalanista mal interpretada de hostilidad hacia las diputaciones, como si hubieran sido más franquistas que los ayuntamientos, cuando la dictadura sometió a un férreo control gubernativo a todas las instituciones. Y, sin embargo, nada de lo que sucedería a partir de 1983 para reubicar el papel del ente provincial en el nuevo sistema institucional catalán estaba previsto en 1977. No olvidemos que Josep Tarradellas es presidente de la Generalitat provisional y también de la Diputación hasta 1980, tiempo durante el cual la institución provincial hace de embrión de la autonomía, con dinero y funcionarios. Posteriormente, todos los intentos del 'pujolismo' por absorber o eliminar las diputaciones en la década de los ochenta, por razones ideológicas, pero también de rivalidad política con los socialistas, fracasaron ante el Tribunal Constitucional.

Las polémicas leyes de organización territorial (LOT), sirvieron para liquidar la Corporación Metropolitana de Barcelona y para crear los consejos comarcales, pero no para fortalecer la cooperación supramunicipal, mientras el papel de las diputaciones quedó clarificado con la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (1985) y la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (1988). Con la primera dejaron de ser administración periférica del Estado, para situarse en la esfera local, con funciones de asistencia y cooperación a los municipios, y con la segunda se garantizaron una buena financiación en base al criterio de población, lo que para la Diputación de Barcelona ha sido una garantía. 

Desde entonces lo que ha habido es una reinvención institucional completa, creando la figura del gobierno local intermedio, hoy plenamente consolidado en el Estatuto de 2006. Es un modelo de cooperación que se expande al resto de diputaciones catalanas y españolas, y que ha superado la prueba de la alternancia política, pues entre 2011 y 2019 las cuatro diputaciones catalanas fueron gobernadas por fuerzas soberanistas. El bicentenario debería servir para reconocer su complejo papel en la historia de Catalunya, sin prejuicios, desde la plena normalidad institucional.

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