Junts se acomoda en el conflicto lingüístico

Si el Govern hubiese reconocido en los últimos años que el marco constitucional y estatutario no permite excluir el castellano como lengua vehicular y hubiese aprovechado que las sentencias del Tribunal Constitucional le reconocían la competencia de regular cómo, los fallos que fijan un 25% de enseñanza en castellano muy probablemente se podrían haber evitado. Establecer que cada centro distribuiría el peso de cada lengua en función de las necesidades de su alumnado podría llegar a cumplir las exigencias de los tribunales (que fijaron un 25% arbitrario ante la falta de respuesta del Govern), conservar el estatus actual de las lenguas (o incluso incrementar la presencia del catalán) y ajustarlo a las realidad de cada entorno escolar. El acuerdo al que llegaron ERC, PSC, Junts y 'comuns' los conducía a la que debería haber sido la razonable casilla de salida. La deserción de Junts disfraza como defensa irreductible del modelo de inmersión lo que no es más que cálculo electoralista (poder desdeñar el pactismo de ERC) e irresponsable explotación del conflicto lingüístico. Justo lo contrario de entender la política como un instrumento para solucionar problemas y no para alimentarlos. Quizá se podía esperar del 'nuevo' Junts de Turull y Borràs que dejase de parecer un partido de Gobierno en las ‘conselleries’ y de oposición fuera de ellas. Pero Esquerra tiene una nueva ocasión de mantener su palabra, en lugar de dejarse arrastrar, y mostrarse como una fuerza responsable, eficaz y constructora de acuerdos sociales y no de trincheras simbólicas.