Desencallar la universidad

El mundo universitario español se enfrenta a problemas que no se limitan solo a una dotación presupuestaria que le hace estar en desigualdad de condiciones con otros países del entorno europeo. La adaptación del contenido de los grados a las cambiantes realidades profesionales, una carrera docente burocratizada por un lado y radicalmente precarizada por el otro o la desigualdad de acceso a los estudios superiores en función de la renta familiar, un peaje de entrada que ya viene condicionado por la educación secundaria y que la introducción de los másters como culminación casi imprescindible de los estudios de grado ha extremado aún más, son solo algunos de ellos.

El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha encarado con determinación la herencia encallada de su predecesor Manuel Castells, para impulsar la nueva ley orgánica del sistema universitario. Quizá los aspectos más sujetos a debate político sean la regularización de las formas de gobernanza, incluyendo un mecanismo de elección de los rectores menos rígido que el previsto por Castells, o la regularización de derechos como el del paro estudiantil, aplazada una y otra vez. Pero resulta aún más esencial la voluntad de acabar con la precariedad y temporalidad del profesorado, que pasa por acabar con el abuso de la utilización espuria de la figura del profesor asociado y establecer una vía de acceso a la carrera docente con plazos razonables (10 años), imprescindible por otra parte para emprender la inapelable renovación generacional que se presenta en la próxima década. Y también la incorporación de fórmulas de microformación continua, con las que la universidad asume nuevos compromisos en la mejora de la competitividad del país (y suma nuevas tareas que le ayuden a dar sentido a su estructura y plantillas ante la evolución descendente de la curva demográfica).  

Otro desequilibrio que arrastra el sistema universitario desde que el ministro Werth estableciera una amplia horquilla de precios para los créditos universitarios (y los recortes situaran a las universidades en una situación financiera acuciante) es la insostenible diferencia del importe de las matrículas entre las diversas comunidades autónomas (con Madrid y Catalunya sumamente por encima de la media). Un desequilibrio que se paliará ya el curso próximo con la entrada en vigor del límite máximo de 18,46 euros por crédito en los estudios de grado y los másters que habilitan para el ejercicio profesional.

Que los precios equiparen el coste de carreras humanísticas con pocos componentes prácticos y los estudios científicos, técnicos y sanitarios que deben asumir sobrecostes por su elevada carga experimental es un paso más en la equidad de acceso a la universidad: el acceso a unos estudios u otros debería depender de la capacidad y la vocación, no de factores económicos. Aunque el precio de la matrícula sea solo una parte de las barreras económicas de acceso y se deba actuar en otros muchos factores, como las becas salario o la posibilidad de compatibilizar estudios y trabajo. De lo contrario, la bajada de las matrículas puede acabar beneficiando a más estudiantes que podrían permitírselas que a aquellos que tienen dificultades económicas más extremas.

En el caso de Catalunya, la Conselleria de Recerca i Universitats se ha comprometido a cumplir el próximo curso lo acordado en el conjunto de España -los estudiantes pagarán entre 17,69 y 18,46 euros, según la carrera, sin contar aún los másters generales- y se ha fijado en plazo de dos años más para alcanzar los 17,69, y de forma garantizada por ley. Es un éxito para los movimientos que habían promovido la Iniciativa Legislativa Popular aprobada recientemente para el Parlament, y que el objetivo más ambicioso no se alcance de forma inmediata no resulta difícil de explicar ante la necesidad de hacer una previsión responsable de las disponibilidades presupuestarias en un momento extremadamente delicado para las finanzas públicas.