Artículo de Jordi Mercader Opinión Basado en interpretaciones y juicios del autor sobre hechos, datos y eventos

TV-3 y Catalunya Ràdio, en la casilla de salida

La corrección del mensaje desenfocado emitido por los medios públicos es la base para que la nueva corporación, formada por los tres grandes grupos parlamentarios que suman 98 diputados, pueda llegar a acuerdos estratégicos de carácter empresarial

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Una vista de la fachada de la sede de TV-3 en Sant Joan Despí.

Una vista de la fachada de la sede de TV-3 en Sant Joan Despí.

El cierre de TV-3 y Catalunya Ràdio no es un imposible, de hecho, algunos catalanes sueñan con ello a diario. Sin embargo, debería convenirse de que se trataría de una catástrofe nacional. Las causas de este escenario apocalíptico difícilmente serían estrictamente políticas sino financieras, resultado de una incapacidad profesional, tecnológica y comercial para sobrevivir en un universo audiovisual altamente complejo y sofisticado. Para enfrentarse a este futuro incierto, lo imprescindible es recuperar su función de medios de titularidad pública o sea al servicio de todos, porque ahora no lo están. Milagrosamente, dada la división imperante en el país, parece ser que ERC, Junts y PSC están decididos a respetar la transversalidad y practicar la unanimidad en la dirección de la CCMA para intentarlo.

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En las plantillas de TV-3 y en Catalunya Ràdio hay profesionales excelentes y simples propagandistas de la causa, en todo caso, nada de lo ocurrido en Catalunya en la última década podría explicarse sin subrayar el papel determinante de estos medios. Del análisis minucioso de los sondeos del CEO de los últimos años realizado por Adolf Tobeña y su equipo, se desprende que un 86% de la audiencia de TV-3 y Catalunya Ràdio apoya el proyecto independentista, un porcentaje desorbitado comparado con los apoyos que este recibe en el conjunto del país, según el propio CEO. Los teóricos se plantearían si estos medios están condicionados por su audiencia o si esta audiencia es así por haber sido moldeada por la radio y televisión de la Generalitat. Esta realidad no avala precisamente la función pública de la CCMA.

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La corrección del mensaje desenfocado emitido por los medios públicos es la base para que la nueva corporación, formada por los tres grandes grupos parlamentarios que suman 98 diputados, pueda llegar a acuerdos estratégicos de carácter empresarial. De lo contrario, no tendría sentido la apuesta de la transversalidad asumida por los tres partidos con sus lógicos costes políticos. Tal vez sea la última oportunidad de reaccionar dada la velocidad a la que se mueve la competencia audiovisual. La convocatoria del concurso público para elegir a las direcciones de TV3 y Catalunya Ràdio sitúa el proyecto en su casilla de salida. 

El concurso público no es una fórmula fácil de manejar por la CCMA ni por ningún organismo de medios públicos como demuestra la experiencia. Pero ahora mismo es inevitable, porque lo aprobó el Parlament y porque dará fuerza y credibilidad profesional al intento político de reforma integral de estos medios. Es la prueba de fuego de la voluntad de regirse por la unanimidad en el consejo, cuyos miembros se supone perfectamente conscientes de que una dirección elegida por mayoría dificultaría el propósito. Los mismos candidatos deberían ser los primeros interesados en obtener el consenso en su designación, la mejor garantía de libertad en su gestión. La cuestión es: ¿cuántos profesionales hay en Catalunya que puedan aspirar a dicha unanimidad?