Felipe VI el Ahorrador

¿En qué se parecen Felipe VI y Elon Musk, el hombre más rico del mundo? En que ninguno de los dos tiene «propiedades inmobiliarias», por utilizar la expresión que La Zarzuela ha adjuntado a la declaración de bienes del Rey. Por tanto, el nomadismo no establece un criterio de austeridad, sino un interrogante más sobre quién paga La Zarzuela, Marivent y demás. La rendición de cuentas regia, obligada por los desmanes de Juan Carlos I, se torna contraproducente porque no reclama transparencia sino todo lo contrario, visibilidad. El jefe del Estado viene reinando desde la penumbra y reclama un lugar al sol de la actualidad.

En esta maniobra para recuperar el protagonismo sobresale una administración ejemplar de los ingresos. Si el Estado ahorrara en la gestión pública como su jefe en la privada, España sería el país más rico del mundo. Los dos millones muy largos de patrimonio del monarca corresponden a más de la mitad de los ingresos que ha percibido durante el último cuarto de siglo, tras el abono, además, de los impuestos pertinentes. Para traducirlo al común, esa cifra equivale a que un trabajador con un salario medio hubiera ahorrado 300.000 euros en idéntico lapso temporal. Es una pretensión absurda que no desacredita a los manirrotos empleados españoles, sino que despoja de significado la publicación del patrimonio regio. El Rey conserva 10.000 euros mensuales después de pasar por Hacienda, lo cual solo sirve para titularlo Felipe VI el Ahorrador y para entender su celo por conservar un puesto de trabajo con tantos beneficios suplementarios.

El esfuerzo de transparencia rueda por los suelos al comprobar que La Zarzuela comunica los datos patrimoniales a Vox, pero no a Podemos, con la excusa de que ya se enterará por su socio de Gobierno. La deferencia hacia la extrema derecha contrasta con la exclusión deliberada en la transmisión de datos de Junts, Bildu, BNG, la CUP y Esquerra, que tiene 13 diputados frente a los nueve de Ciudadanos. La Casa del Rey ha censurado a los partidos que no considera constitucionales además de expulsar a media Catalunya, curioso partidismo y flagrante ruptura del consenso posfranquista que aunaba a Fraga y Carrillo en un mismo proyecto de país.

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