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Transparencia en la Casa Real

Que Felipe VI haya publicado su patrimonio de manera voluntaria es positivo pero insuficiente. Sería preferible una nueva regulación legal sobre la institución

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El rey Felipe VI.

El rey Felipe VI. / REUTERS / JON NAZCA

Dos importantes novedades se han sucedido en los dos últimos días en relación con la Casa Real. El lunes, Felipe VI hizo público su patrimonio y este martes el Gobierno aprobó un decreto que reforma la estructura y el funcionamiento de la Casa del Rey, cuya novedad más relevante es que el Tribunal de Cuentas fiscalizará el presupuesto de la Zarzuela, tal como hace ahora con los partidos políticos y las instituciones públicas.

Las dos medidas no tienen precedentes y son bienvenidas porque sitúan a la Casa del Rey a la altura de los demás organismos del Estado que reciben dinero público y son un paso significativo en el camino de dotar a todo lo relacionado con la Monarquía de mayor transparencia y ejemplaridad. De hecho, el Rey decidió dar a conocer su patrimonio, que asciende a 2,6 millones de euros (2,2 millones en cuentas bancarias y fondos de inversión y 305.450 en objetos de arte y joyas) para dar una respuesta a la «demanda de regeneración pública» y hacer a la Corona «merecedora del respeto y la confianza de los ciudadanos». El Rey no dispone de inmuebles de su propiedad ni tampoco de bienes en el extranjero.

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Aunque la Zarzuela ha desvinculado esta decisión de los escándalos protagonizados por el rey emérito, es evidente la relación entre ambas cuestiones. La publicación del patrimonio de Felipe VI se produce poco después de que la fiscalía del Tribunal Supremo archivase las tres investigaciones a que estaba sometido Juan Carlos I. El gesto de Felipe VI destaca más si tenemos en cuenta que algunas de las principales monarquías europeas -la británica, la belga y la holandesa- son tan opacas en este aspecto como lo era hasta ahora la española.

En cuanto al decreto del Gobierno, que se ha elaborado y aprobado en coordinación con la Zarzuela, tras meses de diálogo al respecto, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, destacó que esta «auditoría externa» que efectuará el Tribunal de Cuentas dará «una imagen fiel del patrimonio y la situación financiera de la Casa del Rey», que tendrá a partir de ahora que dar publicidad a los contratos que haga y colgar en la web cada trimestre la ejecución del presupuesto, las retribuciones y los regalos institucionales.

Ambas iniciativas son positivas, pero resultan insuficientes. El Rey, por ejemplo, ha publicado su patrimonio voluntariamente, sin que nadie le obligara, pero no está previsto hacer público el de otros miembros de la familia real. En realidad, Felipe VI se ha aplicado a sí mismo las previsiones de las leyes de transparencia y de altos cargos (de 2013 y 2015), de las que estaba excluida la Jefatura del Estado. También quedan pendientes otras medidas que se han considerado, pero no se ha decidido aún abordarlas, como la limitación de la inviolabilidad del monarca a los actos públicos, excluyendo los privados. La inmunidad total es la que ha permitido, en parte, que no pudiera seguir siendo investigado Juan Carlos I, quien, no obstante, debería dar explicaciones sobre su comportamiento, como le ha solicitado reiteradamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Por todo ello, para no depender de la voluntariedad del monarca, sería conveniente una regulación legal de las funciones de la Casa del Rey y de las actividades del jefe del Estado, ya sea mediante la tantas veces aplazada y ahora parece que descartada ley de la Corona o a través de diferentes normas o decretos como el que acaba de aprobar el Consejo de Ministros. La nueva regulación de la inviolabilidad del Rey es, en este sentido, una medida necesaria.  

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