Macron y el septenio

Entre las dos vueltas de las elecciones, Emmanuel Macron ha anunciado su interés por cambiar la Constitución francesa, para regresar al mandato de siete años de la presidencia de la República. La V República, configurada a la medida del general De Gaulle, fue establecida por la Constitución de 1958, y en su artículo 6 se disponía que el presidente de la República era elegido cada siete años. En la tradición republicana de nuestros vecinos, el septenio presidencial se inició en 1873, con MacMahon, y perduró hasta 2002, al final de la presidencia de Jacques Chirac. Fue durante su mandato cuando se reformó el artículo 6 para establecer el actual período de cinco años. El mandato de siete años solo se interrumpió, como la República misma, durante el régimen colaboracionista del mariscal Pétain.

La propuesta de Macron debe ser considerada a partir de las atribuciones que tienen los presidentes franceses en la V República. Son personas elegidas por sufragio universal, y el voto popular les da una legitimidad política sumamente importante. Pero, sobre todo, tienen unos poderes que los sitúan por encima de los jefes de Estado de los sistemas parlamentarios. Nombran a los primeros ministros, aunque deben tener en cuenta las mayorías parlamentarias. Eso significa que pueden decidir la persona que vaya a ocupar la jefatura del Gobierno, aunque formalmente no puedan destituirla provocando, como consecuencia, el cese de todo el Ejecutivo. Se supone que puede forzar la dimisión del primer ministro cuando este pertenece a la misma formación política que el presidente, por la autoridad que ejerce sobre la misma. Por otra parte, con muy pocas restricciones, dispone de los poderes excepcionales que le otorga el artículo 16. Desde luego, tiene un margen de discrecionalidad que sería imposible con las restricciones constitucionales que en nuestro país se imponen para los estados de excepción o de sitio. La política de defensa, por otra parte, es un ámbito en el que el presidente decide. Lo hace solo si su filiación política es la misma que la mayoría parlamentaria, y, cuando no es el caso, de modo compartido con el Gobierno. Aunque, en este último supuesto, algunos especialistas llegan a conceder al presidente un poder de veto. Finalmente, el presidente de la República (artículo 11) puede someter a referéndum proyectos de ley. La rival de Macron, por cierto, como populista, ya ha anunciado su deseo de hacer uso frecuente de las consultas populares, reprochando a su adversario el “temor al pueblo”.

Volver a los siete años de mandato es hacer que la misma persona disponga de mucho poder durante mucho tiempo. En la actualidad, una elección presidencial es seguida poco después por elecciones parlamentarias, y, en el caso de que sea reelegido, Macron se la juega. En 2017 era un candidato nuevo, y su mayoría presidencial se reflejó en las elecciones a la Asamblea Nacional. Pero ahora es un presidente saliente, que carece de un partido con una implantación comparable al de Marine Le Pen. Y, sobre todo, puede encontrarse con que en las parlamentarias le nieguen el voto quienes se lo pueden dar en la segunda vuelta únicamente para frenar a la extrema derecha. 

Macron ha aclarado que la restauración del septenio en ningún caso se le aplicaría a él, que, si es reelegido, agotaría los dos mandatos consecutivos de cinco años que la Constitución le permite. Pero, a pesar de la aclaración, no me parece que su iniciativa haya sido una buena idea para la campaña en la que se encuentra. Es coherente con su visión de la autoridad presidencial, fuerte y de carácter “vertical” como le gusta decir. Pero refuerza su faceta impopular, de hombre distante con más superioridad intelectual que empatía. Ha presentado, como elemento moderador de su propuesta, la de hacer elecciones parlamentarias parciales, en períodos breves, como las que en Estados Unidos se producen más o menos cada dos años. Sin embargo, aun con esa corrección, el sistema político francés seguirá dependiendo mucho de liderazgos personales. No hay duda de que Macron tiene grandes cualidades, pero, sin partidos tradicionales que racionalizan la formación de élites, el riesgo del personalismo populista seguirá. 

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