'Catalangate': ¿fiscalización o propaganda?

Han tenido que ser una universidad canadiense y una revista americana los que hayan hecho público uno de los mayores escándalos de espionaje conocidos de la historia de Europa. Investigado por CitizenLab (de la Universidad de Toronto), y difundido por la rigurosa 'The New Yorker', hemos conocido un espeluznante y masivo espionaje a más de cincuenta cargos, políticos, activistas y periodistas independentistas a través del célebre Pegasus, el edificante software de espionaje impulsado por el Gobierno israelí, el mismo que para un cierto independentismo tenía que llevar a Catalunya hasta la victoria final. La primera noticia de la irrupción del Pegasus en el 'procés' fue el espionaje ya sabido al expresidente del Parlament Roger Torrent, pero lo que hemos sabido ahora supera todo lo imaginable: entre los espiados están los cuatro últimos presidentes de la Generalitat, Pere Aragonès incluido, los exiliados Clara Ponsatí y Toni Comín, activistas como Elisenda Paluzie, abogados como Andreu Van der Eynde, Gonzalo Boye y Jaume Alonso-Cuevillas. Los que forman la lista de espiados, que tiene el dudoso gusto de incluir a Txell Bonet y Diana Riba, parejas de los presos Jordi Cuixart y Raül Romeva, o a periodistas como Josep M. Ganyet, tienen solamente un denominador común: ser independentistas. Es decir, que el que sea que haya apretado este botón, tenía como único objetivo la persecución ideológica, hecha además bajo el amparo de un Estado.

La cuestión es que tras el estallido del #Catalangate, bautizado así por CitizenLab, ha habido la habitual diferencia de cobertura entre los medios catalanes y los del resto del Estado: en Catalunya, amplio seguimiento y apertura de todos los digitales; en la gran mayoría de prensa estatal, con la excepción de 'El País', la noticia ha sido tratada como un breve o directamente ignorada. Una vez más, el sistema mediático estatal demuestra que se siente mucho más cómodo hablando de las miserias del independentismo que de sus propias vergüenzas. Guste o no, en Catalunya hemos fiscalizado con razón, desde el 1-O, todos los errores, contradicciones y mentiras del independentismo. Lo hemos escrutado desde fuera y desde dentro, se han denunciado las maniobras nada edificantes de los partidos, la distancia entre lo que proclamaban y lo que no hicieron, sus debilidades, sus intereses ocultos e incluso sus corrupciones. A esta dura pero necesaria introspección, se le ha sumado toda la prensa estatal, puesto que no tenía ningún coste hacerlo: los medios próximos a la extrema derecha se regocijan con las folclóricas crisis del Gobierno catalán pero se ponen de perfil con las comisiones saudís del rey emérito. En cualquier caso, con cobertura estatal o no, con intenciones honestas o no, al final esto son, o deberían ser, las reglas del juego de la democracia: llegar hasta el final de los hechos, gusten o no al poder, gusten o no a sus protagonistas. Pero lo que no vale es denunciar solo hacia una dirección y vestirlo además de objetividad. Lo que no vale, en este escabroso 'Catalangate', es no hacerse las preguntas pertinentes: ¿Quién y por qué ordenó el espionaje? ¿A cargo de qué presupuesto se compró la licencia para usar el Pegasus? ¿Con qué criterio se decidió la lista de espiados? ¿Cuándo y quién comparecerá para dar explicaciones oficiales a semejante vergüenza? Es muy probable que la mayoría de estas preguntas ingenuas queden durante años sin respuesta, si es que algún día las llegamos a conocer. Pero ya que probablemente nada sabremos, al menos que quede constancia de que fiscalizar solamente hacia un lado deja en evidencia al presunto fiscal.

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