Por una financiación justa del tercer sector en Catalunya
Consideramos que el país no se puede permitir seguir debilitando el tejido social de nuestra casa a expensas de políticas de contención

Alimentos en la sede de la oenegé en Barcelona a la espera de ser retirados por otras entidades, en septiembre.
Una de las acepciones de la palabra justo dice: con la debida proporción, sin falta ni exceso. Esto mismo es lo que el pasado 3 de marzo reclamamos desde La Confederació, en un acto reivindicativo que contó con la presencia de las principales federaciones y entidades del sector. Una financiación justa para los servicios públicos de cariz social que dé respuesta a las necesidades de las personas, las profesionales y las entidades.
Después de 12 años de infrafinanciación, después de cuatro legislaturas esperando que se hicieran realidad los compromisos, después de ver con decepción que los presupuestos recientemente aprobados ignoraban las propuestas presentadas, el sector se ve obligado a denunciar una situación que nos aboca a un largo periodo de grave incertidumbre e inestabilidad. Necesitamos que la sociedad tome conciencia y empuje para hacer realidad el reconocimiento que el sector se merece.
Ya en marzo de 2019 hacíamos una rueda de prensa denunciando la infrafinanciación del sector. Es muy preocupante que tres años después, habiendo pasado una pandemia, con un sector extenuado por el esfuerzo realizado para hacer frente a la cadena de crisis (sanitaria, económica, social, de salud mental) y con un empeoramiento generalizado de todos los indicadores económicos y de sostenibilidad de las entidades, tengamos que volver a salir repitiendo prácticamente los mismos argumentos y presentando unos datos de situación todavía más graves. Tres años sin soluciones ni respuestas estructurales.
Tres ejemplos muy claros para evidenciar la gravedad de la situación: en el ámbito de la salud mental, el servicio de autonomía en el propio hogar ha sufrido, desde 2009, un recorte del 20,17% (en 2009 la tarifa pública era de 626,35 euros/mes y desde 2013 la tarifa es de 500,00 euros); en el ámbito de la discapacidad intelectual, el precio público del servicio de residencia con apoyo generalizado se ha incrementado un 0,62% en 12 años; o en el ámbito de la atención temprana, mientras el número de niños atendidos ha crecido un 42% desde el año 2010, la tarifa pública se ha incrementado solo un 4% y el número de horas concertadas de atención, un 0,7%.
Son solo tres ejemplos del estado en el que se encuentran esta tipología de servicios en los diferentes ámbitos y colectivos: infancia, gente mayor, discapacidad, salud mental, atención temprana y un largo etcétera. Y afectando a ámbitos claves como la salud mental, niños y jóvenes, principales preocupaciones del conjunto de la sociedad y de los poderes públicos después de la crisis provocada por el covid-19.
Antes de la pandemia, durante la pandemia y en la pospandemia, el tercer sector social del país ha demostrado ser el aliado estratégico de las administraciones públicas en la provisión de servicios de atención a las personas más vulnerables, trabajando con vocación de servicio público y sin afán de lucro. Consideramos que el país no se puede permitir seguir debilitando el tejido social de nuestra casa a expensas de políticas de contención y, por lo tanto, apelamos a nuestro Govern a invertir en el fortalecimiento del sector social, un sector que sin duda es estratégico para la recuperación.
El hecho de que llevemos cuatro legislaturas arrastrando la situación demuestra que no se trata de este o de aquel gobierno. Nos encontramos ante un problema crónico que pide una respuesta de país. Es la hora de la política; de la política que garantiza el bien común a la sociedad; de las políticas sociales que sitúan a las personas, especialmente a los colectivos con más riesgo, en el centro. De verdad, pasando de una vez por todas de las proclamas a los hechos y a las concreciones. Nosotros estamos dispuestos, asumiendo que las soluciones no vendrán de golpe y ofreciéndonos, una vez más, a acompañar a nuestro Govern en las reclamaciones de financiación que tengamos que hacer al Estado.
Un sector unido, con un mensaje claro: queremos la financiación justa que entidades y profesionales se merecen.
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