Las fosas de la Guerra Civil

Fosas del franquismo en Burgos

La ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 por el Gobierno Zapatero, fue el primer impulso institucional para dignificar el recuerdo de las víctimas de la Guerra Civil. Ha sido, a lo largo de estos años, un ordenamiento jurídico que ponía énfasis en la recuperación histórica de las víctimas del conflicto, pero que dependía en gran medida de las partidas presupuestarias que se destinaban a tal efecto, con lo cual, con la administración del PP, prácticamente quedó derogada al desaparecer las dotaciones económicas. En este sentido, uno de los puntos más delicados y con más implicaciones emocionales, como el de la abertura de las fosas para identificar a las víctimas, ha estado en manos de particulares y de asociaciones como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Por su parte, 12 comunidades autónomas españolas han legislado por su cuenta en distintas normas que han hecho hincapié en la necesidad no solo de recuperar los restos sino también de dar nombre y apellidos a las víctimas. Como escribió el filósofo Walter Benjamin, «es tarea más ardua honrar la memoria de los seres anónimos que la de las personas célebres; la construcción histórica está consagrada a la memoria de los que no tienen nombre». 

Para relanzar un reto de tal envergadura –que ha ido dilatándose con el tiempo, más de ochenta años después del fin de la contienda– el Gobierno de Pedro Sánchez propuso, en 2020, el anteproyecto de una nueva ley de Memoria Democrática que aún está en trámite parlamentario, con múltiples enmiendas, que se debate entre posturas revisionistas y actitudes más radicales que ponen en duda la ley que, en la Transición, supuso el olvido de los crímenes franquistas. 

En los últimos veinte años, en España se han abierto cerca de 900 fosas comunes para recuperar los restos de unas 10.000 personas. En Catalunya, sobre una estimación de 20.000 personas enterradas, se han intervenido 61 sobre un total de las 671 fosas que el Govern calcula que hay en la comunidad, lo que significa menos de un 10% del total. En 2017, el llamado Pla de Fosses fue el inicio sistemático de las exhumaciones e identificaciones y, en el proceso, se recuperaron 497 víctimas, 16 de las cuáles pudieron ser identificadas. A pesar de ello, en relación a otras regiones españolas, la cifra es significativamente inferior, como advierte la asociación del banco de ADN de desaparecidos de la Guerra Civil. Por parte de la Generalitat, se alega que la tipología de las fosas es distinta en Catalunya, por ser zona de guerra, a diferencia de otras regiones en las que la represión fue más temprana y más localizada, y también se afirma que aquí se da prioridad a las identificaciones genéticas, lo que ralentiza un operativo que, en cualquier caso, es criticado por las asociaciones que instan a una urgente aceleración de todo el proceso. 

La aprobación de la nueva ley ha de permitir un posicionamiento global y un serio replanteamiento de la posición del Estado sobre un tema de gran calado político y sentimental. La postura de Vox, ahora en el Gobierno de Castilla y León, dispuesta a derogar «la legislación ideológica izquierdista sobre memoria histórica», exige una respuesta enérgica que refuerce el deber moral de la dignificación, ya sea a través de la propia implicación de la administración en las exhumaciones, del impulso de un mapa detallado de fosas, de un banco nacional de ADN y de un todavía inexistente censo oficial de víctimas.