Artículo de Jordi Mercader Opinión Basado en interpretaciones y juicios del autor sobre hechos, datos y eventos

La política del aterrizaje forzoso

Pere Aragonès parece dispuesto a reconocer en el Parlament el carácter flexible de la inmersión lingüística, y puede sospecharse que se rinde a la evidencia para evitarse el trance de la desobediencia

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Manifestación en defensa de la escuela catalana, el 26 de marzo en Barcelona.

Manifestación en defensa de la escuela catalana, el 26 de marzo en Barcelona. / Jordi Otix

La política del aterrizaje forzoso en la realidad se practica poco debido al riesgo electoral que comporta. El PSOE y el PCE reconocieron a la monarquía para facilitar la Transición; Adolfo Suárez restableció la Generalitat en período preconstitucional; Felipe González repitió jugada con la entrada en la OTAN; Pedro Sánchez ha reorientado por sorpresa la posición española respecto del Sáhara y Pere Aragonès parece dispuesto a reconocer en el Parlament el carácter flexible de la inmersión lingüística. Estos aterrizajes suelen responder a múltiples factores y aunque resultaría muy satisfactorio poderlos atribuir a un análisis sincero del contexto, no siempre es así. Para no remontarnos al siglo pasado, puede sospecharse que el presidente español simplemente se alinea, por si acaso, con los países que lideran la Unión Europea y con los Estados Unidos y de que el presidente de la Generalitat se rinde a la evidencia para evitarse el trance dela desobediencia. De todas maneras, lo relevante es que aterricen.

La hipérbole política alcanzó en Catalunya la categoría de prodigio en los últimos años. De ahí que poner los pies en el suelo sea una urgencia nacional. Por eso es trascendente la decisión de ERC de mantener vivo el pacto alcanzado con PSC y comuns para modificar la ley de política lingüística de 1998 a pesar de que Junts se desdijera a los pocos minutos. Los tres grupos tienen los votos suficientes para aprobarla, asumiendo los republicanos el reto de profundizar su brecha con los legitimistas. 

El todavía Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha certificado lo que todos los 'consellers' de Ensenyament y Educació que se han sucedido desde 1983 supieron: la inmersión lingüística que hizo del catalán la lengua vehicular en las aulas no ha impedido una presencia notable de la lengua española en la escuela. El informe sitúa el porcentaje del castellano en un 22%, que sube al 33 % si se contabilizan las horas de comedor y patio. La autonomía de los centros ha permitido interpretar las circunstancia del entorno y adjudicar a cada lengua una presencia apropiada para cumplir con la obligación fijada por los dos Estatuts y por las dos leyes lingüísticas: ofrecer a los alumnos y alumnas un conocimiento suficiente del catalán y el castellano.

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Siendo esta la realidad, ¿por qué hemos llegado a tener que modificar con urgencia la ley catalana de 1998 para precisar que el catalán, como lengua vehicular, y el castellano, como lengua de aprendizaje, deben mantener una presencia adecuada en las aulas para asegurar el conocimiento suficiente en ambas lenguas? Una exigencia que ya conocíamos y que según el estudio del Síndic de Greuges, además, ya se practicaba pero que no se ha querido reconocer hasta que una innecesaria sentencia del Tribunal Supremo obligó a todas las escuelas a impartir en lengua española el 25% de las horas lectivas.

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La flexibilidad de la inmersión está en las leyes lingüísticas; sin embargo, de los discursos oficiales y de la interpretación de los sectores más reacios al bilingüismo imperante se desprendía que la inmersión lingüística en catalán era sinónimo de instrumento para convertir en monolingüe la escuela primero y el país después, obviando que el castellano es lengua oficial también en Catalunya y que la fuerza de este idioma está fuera del alcance de la Generalitat. Acabaron por creerse su propia propaganda y así llegaron a la decepción al comprobar que tal objetivo no se haya cumplido. El catalán está vivo y el castellano también, todo un éxito, considerando las expectativas necrológicas para la lengua propia de Catalunya del manifiesto de Els Marges en 1979.

El miedo a romper con la apariencia de estar practicando una política que no se correspondía con los hechos retrasó la adecuación del discurso a la legislación aprobada por ellos mismos, dando tiempo a las reclamaciones judiciales. Aun así, iniciada la maniobra de ERC para pisar nuevamente tierra firme hay que aplaudirla. El siguiente aterrizaje forzoso en la realidad debería ser la aceptación pública de los límites de la Mesa de Negociación con el gobierno central. Y este aterrizaje será altamente peligroso por la mucha pólvora del rey gastada en desorbitar las expectativas.