Blindar la escuela de todos

Cuatro fuerzas políticas presentaron el jueves de la semana pasada en el Parlament una proposición de ley para rehacer el consenso sobre la lengua en la escuela. Los firmantes –ERC, PSC, JxCat y En Comú Podem– representan más del 71% del voto de los ciudadanos y suman 106 de los 135 escaños de la Cámara. La propuesta busca recuperar la autonomía de la acción política frente a la judicialización que, precisamente, la inacción política había introducido en esta sensible cuestión. JxCat, horas después, se desmarcó de la propuesta que había avalado con su firma en el registro del Parlament.

El debate sobre la lengua en la escuela, en el plano jurídico, se remonta a una sentencia de referencia del Tribunal Constitucional (1994): avaló que el catalán fuese el “centro de gravedad” del sistema educativo en Catalunya para corregir un desequilibrio histórico, siempre que ello no determinase la exclusión del castellano como “lengua docente". ¿En qué grado? Competencialmente, el que estableciese la autoridad académica, es decir, el Departament de Educació. Así, más allá del cruce de recursos judiciales, la Generalitat se ha negado hasta ahora a reconocer aquello que es normal en su mapa escolar: un marco de geometrías variables según la realidad sociolingüística de cada centro.

Es en este contexto –la dejación de competencias por parte del Departament de Educació– donde hay que enmarcar la fijación de la cuota del 25% de horas lectivas en castellano que se inventó en su día el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y qdoue confirmó finalmente el Tribunal Supremo. La ecuación es simple: si la Generalitat –la autoridad académica– no reconoce que el castellano es también lengua docente, lo seguirá haciendo la justicia en forma de cuota o porcentaje. El objetivo expreso de la propuesta consensual de modificación de la ley de Política Lingüística, presentada ahora en el Parlament, es acabar con esta lógica perversa.

La proposición de ley introduce tres modificaciones. Primera: el catalán, como lengua propia de Catalunya, es la lengua normalmente empleada como lengua vehicular y de aprendizaje. También se utilizará el castellano en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro. Segunda: para alcanzar el dominio oral y escrito del catalán y el castellano, la enseñanza de las lenguas oficiales y en las lenguas oficiales ha de tener garantizada una presencia adecuada en los currículos y en los proyectos educativos de centro. Tercera: la determinación de la presencia de las lenguas oficiales en la enseñanza ha de tener en cuenta la situación sociolingüística.

La reforma, en definitiva, preserva el catalán como aquel “centro de gravedad” del sistema y reconoce también el castellano como lengua docente. En el plano político, se avala una obviedad: el hecho de que el catalán sea la lengua propia de Catalunya no significa que el castellano –la lengua cooficial– sea impropio o extraño. En el plano académico, se reconoce aquello que en la práctica ya se aplicaba en la mayoría de centros. Y, en el plano social, se libera a la escuela de una carga política que no le corresponde: si ha bajado el uso social del catalán en una generación que ha aprendido esta lengua el problema no es de conocimiento sino de identificación.

El objetivo, en el ámbito de la enseñanza, es preservar la escuela común, es decir, la escuela de todos. Este es el modelo que en la Transición defendió Marta Mata –pedagoga de referencia y diputada socialista– frente a la tentación de dividir a los alumnos en función de su lengua. El derecho de elección de los padres –argumentaba– ya se ha ejercido en casa: el papel de la escuela es garantizar la igualdad de oportunidades de los alumnos; también en el terreno lingüístico. La escuela común, la escuela de todos, es el modelo; no la llamada inmersión lingüística, que es solo uno de los instrumentos.

Así lo han entendido los negociadores de la proposición de ley. Solo desde posiciones políticas extremas y socialmente minoritarias –los que sueñan con una Catalunya monolingüe y aquellos que no aceptan la normalización plena de la lengua catalana– se puede torpedear el acuerdo. Se trata de dejar a la comunidad educativa en paz y blindar la escuela de todos, entendida como la ‘cuna de la República’, en expresión de Lionel Jospin, es decir, como el espacio de aprendizaje y de convivencia de los ciudadanos del futuro.

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