Juegos de Invierno y consensos necesarios

La candidatura Pirineu-Barcelona para los Juegos Olímpicos de Invierno ha aprobado el proyecto de la comisión técnica, que será presentado ante el Comité Olímpico Internacional. Cabe destacar, en este ámbito, el esfuerzo realizado por el presidente del COE, Alejandro Blanco, para limar asperezas y poner de acuerdo a los gobiernos de Aragón y Catalunya.

Que Barcelona y Catalunya impulsen y participen en la iniciativa, una idea lanzada por el alcalde Jordi Hereu y recuperada años después, es sin duda una buena noticia, un elemento esperanzador que sobresale en un panorama más bien gris y que, singularmente en la ciudad de Barcelona, aunque no solo, aparece demasiadas veces dominado por el ‘no a todo’. Es necesario, imprescindible, que surjan proyectos capaces de aglutinar y proyectar ilusiones colectivas. No pueden caer Barcelona y Catalunya en la morosidad del no hacer nada, del ir tirando, del estancamiento, en definitiva. Y es misión de los gobiernos hacer que las cosas sucedan, convertir en realidades propuestas positivas para el conjunto de la sociedad. Y, si para ello es necesario negociar –lo que supone siempre ceder en mayor o menor medida– y alcanzar consensos con otros actores, pues es obligación de las administraciones lograrlo.

Por eso el gobierno de la Generalitat debería procurar evitar que el gobierno aragonés, presidido por el socialista Javier Lambán, sienta que se le relega injustamente o que se le convierte en una parte subalterna de la candidatura para los Juegos de Invierno de 2030. Una aventura como la que se plantea requiere altas dosis de flexibilidad y generosidad. Y, por supuesto, huir de prejuicios y recelos. El presidente aragonés haría bien, por su parte, de trocar su afilada desconfianza hacia el Govern por unas mayores dosis de amplitud de miras y auténtica voluntad de colaboración.

Si la candidatura catalano-aragonesa quiere congregar las adhesiones que la conviertan en ganadora, no puede ser percibida como atenazada por las discrepancias o con grietas internas, pues eso provocaría irremediablemente que fueran otros proyectos los que a la postre se impusieran.

No hay que sobrevolar la transformación y el progreso que pueden propiciar unos Juegos de Invierno, pero por supuesto no deben minusvalorarse tampoco, menos aún cuando, en el caso de Barcelona y Catalunya, estamos hablando de una sociedad que ha encadenado la crisis económica de 2008 y las fuertes tensiones derivadas del 'procés' con, finalmente, la invasión de Ucrania, la cual, aunque algunos prefieren obviarlo, va a arrojar unos costes muy relevantes para la ciudadanía, en términos económicos sobre todo, pero también en otros ámbitos.

En el apartado de los costes, hay que admitir que el proyecto olímpico también puede tenerlos, especialmente de carácter ecológico. Es un impacto que debe ser apropiadamente calibrado, lo que tiene que dar lugar a soluciones que consigan minimizarlos. 

Es de desear que, antes de que a principios de verano se celebre la prometida consulta a la población, el gobierno de Catalunya haga pública toda la información de que se dispone, que lleve a cabo una demostración de transparencia. La consulta, al margen de las comarcas que finalmente sean interpeladas, entraña una serie de riesgos, pero es igualmente cierto que, si logra el aval ciudadano, la candidatura ganará legitimidad y se fortalecerá notablemente, tanto interiormente como a ojos internacionales.