Malestar social y extrema derecha

Mientras el Gobierno pospone hasta el Consejo de Ministros del día 29 las medidas para abaratar el precio de la luz, el gasóleo y la gasolina, cuyo incremento ha desencadenado una subida generalizada en numerosos productos, el malestar social por el alza de precios y el consiguiente empobrecimiento de familias y sectores económicos se agranda y se empieza a expresar en huelgas como la del transporte y en manifestaciones como la que el domingo reunió a decenas de miles de agricultores y ganaderos de toda España, en Madrid. Son protestas comprensibles en sectores cuya actividad está directamente afectada por el coste de los carburantes y que ahora, según declaran, se ven forzados a trabajar ‘a pérdidas’, y en ciudadanos de a pie, que han visto en los últimos meses como se desbordaba el precio de la luz y de la cesta de la compra. Una situación agravada en los últimos días por mensajes alarmistas sobre el posible desabastecimiento de algunos productos en supermercados, como consecuencia de la huelga de transportistas y la acción de algunos piquetes violentos.

La fuerte carga emocional que los dos años de pandemia están suponiendo para la población se ha visto agudizada desde hace casi un mes por el impacto y las consecuencias de incertidumbre que está teniendo la guerra en Ucrania. Es, por tanto, fácil de entender que en ese frágil estado anímico el descontento social se extienda. Nadie esperaba vivir acontecimientos como estos. Solo en la ficción distópica parecían posibles confinamientos masivos o nuevas guerras en nuestro continente. 

Ese desánimo social no representa solo una molestia para el Gobierno, directamente interpelado por las protestas, sino que puede devenir en un problema de mucha mayor trascendencia para la política y la sociedad española si se convierte en el caldo de cultivo del crecimiento exponencial de la extrema derecha. En plena crisis del PP y con su proceso de cambio de liderazgo sin concluir, Vox se está configurando como el partido dispuesto a capitalizar ese malestar, a sabiendas de que una calle incendiada puede desestabilizar al Ejecutivo y engordar sus propias expectativas electorales. De hecho, desde el Gobierno ya se ha atribuido a postulados de la ultraderecha algunos de los posicionamientos de la huelga de los transportistas que, aunque convocada por una asociación minoritaria, está teniendo una gran repercusión. Vox lleva tiempo preparándose para pescar en el río revuelto del descontento ciudadano, convencido de que puede aumentar su apoyo no solo con el voto de las clases medias que le arrebata al PP, sino, siguiendo el modelo de Le Pen en Francia, también con el voto de trabajadores, antiguos votantes de la izquierda que, descontentos con el PSOE, ya no ven a Unidas Podemos, incorporado al Gobierno, como el mejor catalizador de sus quejas. No obstante, Vox fracasó en su convocatoria del pasado sábado.

Este es el panorama, también distópico, que podría tener que enfrentar nuestro país y el Gobierno no puede mantenerse ajeno a ese riesgo. Las medidas de respuesta a la crisis son urgentes y aunque 10 días de espera parecen un periodo muy corto, para algunos sectores son vitales. El Ejecutivo alega la necesidad de esperar a que el Consejo Europeo de los días 24 y 25 decida sobre desvincular el gas del precio de la electricidad o toparlo a un precio máximo, entre otras cuestiones. Pero hay otros gobiernos europeos, igualmente afectados, que ya han adelantado una bajada del precio de los combustibles. Quizás el nuestro debería imitarles.